Relato financiero

Por Pablo Tigani *

En la Argentina contemporánea, la economía y la política se han convertido en nodos interconectados de una red de intereses globales. El actual experimento económico encabezado por Javier Milei no se sostiene únicamente por sus fundamentos macroeconómicos, sino por una compleja trama sociotécnica -en el sentido de Callon- que articula organismos multilaterales como el FMI, Banco Mundial, BID, bancos de inversión como JP Morgan y un equipo económico con vínculos corporativos y personales que exceden las fronteras nacionales.

El análisis de documentos recientes, como el Global Economic Outlook de JP Morgan, revela una narrativa de estabilidad construida sobre supuestos optimistas, omitiendo riesgos y proyectando un escenario favorable condicionado a triunfos electorales claves. La convergencia entre informes internacionales, decisiones de política económica y calendario electoral sugiere que el objetivo inmediato no es solamente la consolidación de un modelo económico, sino la preservación política de un gobierno frágil en su arquitectura parlamentaria.

La red FMI-JP Morgan-equipo económico actúa como un dispositivo de blindaje electoral y financiero. Este entramado no solo describe la realidad económica, sino que busca perforarla; moldear expectativas, condicionar percepciones y ganar tiempo político en un contexto de fragilidad institucional y social.

Moldear expectativas

En el estudio de la economía política contemporánea, uno de los aportes más significativos para comprender la interacción entre mercados, actores financieros y decisiones políticas proviene de Michel Callon, quien desarrolla el concepto de performatividad. Según este autor, los modelos económicos y los dispositivos técnicos no se limitan a describir el mundo económico, sino que actúan sobre él, configurando comportamientos y expectativas. Así, la economía no es un sistema autónomo de leyes naturales, sino una construcción social, sostenida y reproducida por redes de actores humanos y no humanos -lo que denomina redes sociotécnicas- que integran instituciones, expertos, herramientas y discursos.

En este marco, el caso argentino bajo la presidencia de Javier Milei presenta un escenario paradigmático. La articulación entre organismos multilaterales como el FMI, JPMorgan y un núcleo de funcionarios con trayectoria común en la banca internacional conforma una red de poder económico y político que no solo analiza la coyuntura, sino que interviene activamente en su configuración. El Global Economic Outlook de JP Morgan y sus proyecciones favorables para 2025 no pueden ser leídas únicamente como análisis técnico; funcionan como instrumentos que moldean expectativas de mercado y condicionan percepciones de riesgo, especialmente en un año electoral clave.

La performatividad se expresa en este caso de dos maneras:

* En el plano financiero, mediante la publicación de informes optimistas que proyectan control cambiario, moderación inflacionaria y acumulación de reservas, aunque los datos empíricos muestran inconsistencias y fragilidades externas.

* En el plano político, al condicionar la valoración del riesgo país y la confianza inversora a resultados electorales favorables, transformando la arena política en un insumo directo de las expectativas de mercado.

Esta articulación entre lo técnico y lo político confirma que, en la economía contemporánea, la objetividad de los informes financieros es relativa y que, como plantea Callon, el conocimiento económico está siempre inserto en redes que lo producen y lo hacen operar como herramienta de intervención.

Vínculos y trayectorias

El equipo económico presenta una característica distintiva: varios de sus miembros han ocupado posiciones de relevancia en JP Morgan, uno de los principales bancos de inversión a nivel global.

Entre los nombres más relevantes de este entramado se encuentran Luis Caputo (ministro de Economía), Santiago Bausili (presidente del Banco Central), Pablo Quirno (secretario de Finanzas), Vladimir Werning (vicepresidente del BCRA), José Luis Daza (vice ministro de Economía) y Demian Reidel (presidente de Nucleoeléctrica Argentina y ex jefe de Gabinete del Consejo de Asesores). Todos ellos tienen en común su paso por el sector financiero internacional y, en particular, por el JP Morgan, lo que configura un ADN corporativo orientado hacia una visión liberal-ortodoxa de la economía, con énfasis en la apertura de mercados, la atracción de capitales y la disciplina fiscal.

Desde la perspectiva de Callon, esta red no solo conecta personas e instituciones, sino también dispositivos y discursos. Los informes económicos del FMI y de JP Morgan, al presentar proyecciones favorables y minimizar riesgos estructurales, operan como artefactos performativos que contribuyen a sostener la legitimidad de la política económica vigente.

Esta red actúa como un mecanismo de blindaje que busca garantizar la estabilidad financiera percibida -aunque no necesariamente material- al menos hasta los comicios legislativos y presidenciales. Es obvio que estos vínculos no son neutrales; configuran jerarquías de poder y determinan qué información se privilegia y cuál se omite.

Narrativa financiera

La economía contemporánea no solo se estructura a partir de flujos de capital, comercio y producción, sino también -y de manera creciente- a partir de narrativas. Estas narrativas son construcciones discursivas que, como señala Callon, no se limitan a describir una realidad económica, sino que la performan, influyendo en el comportamiento de los agentes y en las decisiones de política pública.

El informe publicado por JP Morgan el 8 de agosto pasado y anteriores constituye un caso paradigmático de esta performatividad financiera aplicada al contexto argentino. Curiosamente, otro tipo de informe reciente del mismo banco (Latin America Emerging Markets Research, del 27 de junio) animaba al inversor a salir de Argentina hasta las elecciones. Retomando el del 8 de agosto, este proyecta un escenario de estabilidad macroeconómica basado en supuestos optimistas; acumulación de reservas, tipo de cambio real competitivo y transmisión inflacionaria contenida. Según el informe, la sostenibilidad de este sendero dependería en gran medida de la disciplina fiscal y de la continuidad política garantizada por triunfos electorales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.

No obstante, la comparación con datos duros revela una divergencia significativa. Entre marzo y julio de 2025, la base monetaria creció un 31,5 por ciento, muy por encima del 19 por ciento registrado en igual período de 2023 (Alberto Fernández). Las últimas colocaciones de deuda se realizaron a tasas de interés extremadamente elevadas, con plazos promedio de 38 días, lo que incrementa la carga de intereses y complica el cumplimiento de las metas monetarias. Además, el déficit en cuenta corriente proyectado por el FMI pasó del 0,4 al 1,8 por ciento del PBI en apenas cien días. El error de pronóstico cuadruplica la estimación inicial y eleva el riesgo país.

En términos políticos, la narrativa financiera actúa como un blindaje electoral: proyecta estabilidad en el corto plazo para sostener la confianza de los mercados y, por extensión, evitar turbulencias que puedan erosionar el capital político del gobierno antes de los comicios.

Sautu recuerda que el investigador debe evaluar no solo la información explícita, sino también aquello que los documentos omiten. En este caso, el informe de JP Morgan minimiza riesgos asociados a la fragilidad externa, la dependencia de financiamiento multilateral y la inconsistencia entre objetivos fiscales y monetarios. Esta omisión selectiva constituye, en sí misma, una herramienta de acción política, pues desplaza del debate público la discusión sobre la sostenibilidad estructural del modelo.

Coyuntura electoral

En el marco de la economía política internacional, la interacción entre los procesos electorales y la dinámica de los mercados financieros constituye un objeto de estudio clave. El caso argentino en 2025 ofrece un ejemplo paradigmático; la estabilidad económica proyectada por organismos multilaterales y bancos de inversión está condicionada explícitamente a los resultados de dos hitos electorales: las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre, eventos que se convierten en variables directas en la valoración del riesgo político.

El informe de JP Morgan integra este componente de manera explícita, esta postura implica una reducción de la política a su efecto sobre la volatilidad financiera, omitiendo otras dimensiones como la cohesión social, la conflictividad laboral o el deterioro institucional.

En términos teóricos, esta concepción del riesgo político se alinea con una visión instrumental de la democracia; los procesos electorales no son valorados por su capacidad de representar y procesar demandas sociales, sino por su función como estabilizadores o desestabilizadores de expectativas de mercado. Este enfoque, aunque pragmático desde la óptica financiera, resulta problemático desde la ciencia política, ya que subordina el valor intrínseco de la competencia democrática a su impacto económico de corto plazo.

El análisis político-electoral confirma que el oficialismo enfrenta un escenario legislativo adverso. En la Cámara de Diputados, el gobierno ha acumulado doce derrotas desde el inicio de su mandato, y si bien podría mejorar su posición tras las elecciones, no alcanzaría la mayoría necesaria para el quórum, apenas asegurando -eventualmente- el tercio que le permitiría sostener vetos presidenciales. En el Senado, la situación es más compleja, con gobernadores que han fortalecido su capacidad de presión, negociando recursos y concesiones a cambio de apoyo parlamentario.

Entre el blindaje y el colapso

La estabilidad proyectada para la economía en 2025 descansa sobre un delicado equilibrio entre política fiscal, política monetaria y expectativas de mercado. Este equilibrio, sin embargo, presenta tensiones estructurales que cuestionan su sostenibilidad más allá del corto plazo.

En el plano fiscal, el FMI estima que un superávit primario de entre 1,6 y 2,5 por ciento del PBI sería suficiente para estabilizar la deuda pública. Sin embargo, la experiencia comparada y la propia dinámica de endeudamiento en moneda extranjera de Argentina sugieren que sería necesario un superávit cercano al 4-5 por ciento para garantizar la sustentabilidad de largo plazo. Esta diferencia no es trivial; implica que la proyección se apoya en supuestos hiper optimistas sobre crecimiento del PBI e inflación, los cuales podrían no cumplirse dada la volatilidad macroeconómica y la fragilidad externa.

En el plano monetario, el dilema es igualmente evidente y manifiesta una enorme inconsistencia macroeconómica. Para reducir el déficit fiscal se necesitaría bajar las tasas de interés, estimulando la actividad económica -la recaudación de IVA cayó 7.3 por ciento en julio- y disminuyendo el costo de la deuda. Sin embargo, para contener la presión cambiaria y monetaria, el BCRA se ve obligado a mantener tasas altas y encajes elevados, lo que encarece el crédito y profundiza la recesión. Este “doble mandato” contradictorio inconsistente es uno de los principales factores que pueden desestabilizar el modelo antes de que se consolide.

A ello se suma la precariedad de las reservas internacionales. Mientras el informe de JP Morgan proyecta una acumulación neta de 5.500 millones de dólares hacia fines de 2025, el stock actual se ubica en niveles negativos (-2.600 millones) y las necesidades de pago en divisas hasta enero de 2026 ascienden a aproximadamente 10.000 millones. Este desajuste implica que, aun con desembolsos multilaterales, la capacidad del país para enfrentar compromisos externos depende críticamente de la renovación constante de líneas de crédito y de la confianza de los mercados.

El blindaje electoral-financiero estaría garantizado, no obstante, como advierte Sautu, las redes y los modelos no son inmunes a choques externos o internos; una variación brusca en la percepción de riesgo, un evento político adverso o un incumplimiento de metas fiscales puede desencadenar una reversión abrupta de capitales y un aumento exponencial del riesgo país.

Si la narrativa pierde credibilidad -por ejemplo, a partir de una derrota electoral significativa o de una crisis de reservas-, el experimento económico podría desarticularse rápidamente, revelando la magnitud de las inconsistencias estructurales.

Ingeniería financiera, fragilidad estructural

La hipótesis inicial, que planteaba la existencia de un blindaje electoral-financiero destinado a sostener políticamente al gobierno de Milei, se confirma a la luz de la evidencia. Los informes optimistas de JPMorgan y las proyecciones benignas del FMI omiten o minimizan inconsistencias fiscales, monetarias y externas, proyectando un escenario de control que depende críticamente de resultados electorales favorables en septiembre y octubre. Este condicionamiento refuerza la performatividad del discurso económico; no se trata solo de describir la economía, sino de modelarla para influir en las expectativas de mercado y, por extensión, en la estabilidad política.

Sin embargo, la sostenibilidad de este blindaje es limitada.

Desde una perspectiva de ciencia política, esta subordinación de la gobernabilidad a los dictados de una red transnacional plantea interrogantes sobre la autonomía de la política económica y la capacidad del Estado para formular estrategias de desarrollo independientes. Como advierten Acemoglu, Johnson y Robinson, el crecimiento sostenible requiere instituciones inclusivas, no solo ajustes coyunturales diseñados para satisfacer las expectativas de los mercados internacionales.

En definitiva, el caso argentino en 2025 ejemplifica los límites de una estrategia basada en la ingeniería financiera y en la performatividad discursiva. El blindaje actual, más que una solución de fondo, se asemeja a una tregua temporal.

* Director Fundación Esperanza. Nota de Pagina 12 de 17 de agosto 2025