Irán tiene derecho a defenderse

Por Ali Abutalebi (*)

El último día de febrero, los Estados Unidos e Israel lanzaron una nueva ronda de ataques militares contra Irán. En los primeros minutos de la operación, la residencia del líder supremo de Irán, el gran ayatolá Sayyid Ali Hosseini Jamenei, fue objeto de un ataque que provocó su asesinato y la muerte de varios miembros de su familia, incluida su nieta de 14 meses, Sayyidah Zahra.

El asesinato de un jefe de Estado en ejercicio, junto con miembros de su familia, supuso una escalada extraordinaria y transformó inmediatamente el enfrentamiento con Irán en algo mucho más grave que un conflicto militar convencional.

Los ataques no se limitaron a objetivos de liderazgo. En las ciudades de Minab y Lamerd, en el sur de Irán, fueron atacadas una escuela primaria y un complejo deportivo, lo que causó la muerte de varios niños, víctimas jóvenes que son consideradas mártires en Irán.

En respuesta, las fuerzas armadas de Irán, incluidos el ejército nacional y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), lanzaron ataques de represalia contra varios objetivos de la región que llevaban mucho tiempo identificados como posibles objetivos militares.

A raíz de ello, muchas declaraciones diplomáticas repitieron una frase familiar y aparentemente basada en principios: “Debe respetarse la integridad territorial de Irán y de otros países”. Dos de estas declaraciones merecen una atención especial: la declaración oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que fue retirada poco después de su publicación, y un mensaje publicado por el presidente de Cuba en su canal oficial de Telegram.

Estos dos casos merecen ser examinados con especial atención porque los gobiernos de Venezuela y Cuba han evitado históricamente el tipo de lenguaje diplomático neutral que suelen utilizar otros Estados, declaraciones que normalmente instan a “ambas partes a actuar con moderación”.

Venezuela calificó los ataques de represalia de Irán como “indebidos y condenables”, mientras que el presidente cubano pidió que se respetara la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados e instó a poner fin a las acciones que perjudican a la población civil o dañan la infraestructura civil en los países del Golfo Pérsico.

Sobre el papel, esta formulación parece equilibrada y coherente con el derecho internacional. Sin embargo, la realidad política suele ser mucho más compleja de lo que sugiere el lenguaje diplomático.

El principio de integridad territorial no puede reducirse a una fórmula retórica ajena a las condiciones materiales. La soberanía no es solo una abstracción jurídica, sino una responsabilidad política. Un Estado que reivindica su soberanía debe ejercer un control efectivo sobre el uso de su territorio, especialmente cuando este se convierte en una plataforma para la agresión militar contra otro país.

Cuando un Estado permite que potencias militares extranjeras utilicen su territorio, su espacio aéreo o sus infraestructuras para planificar y lanzar ataques contra otra nación soberana, se llegan a dos conclusiones lógicas.

O bien ese Estado ya no ejerce una soberanía genuina, o bien se ha unido efectivamente al conflicto junto a esas potencias. La neutralidad no puede coexistir con la facilitación de actos de guerra. El propio derecho internacional reconoce esta distinción. En virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados poseen un derecho inherente de legítima defensa cuando se produce un ataque armado contra ustedes. Este derecho no depende de la aprobación diplomática o la simpatía política, sino que surge de la realidad fáctica del uso de la fuerza.

Por lo tanto, la legítima defensa no es una excepción a las normas internacionales, sino uno de sus principios fundamentales.

Culpar a Irán por responder militarmente ignora esta realidad fundamental. La responsabilidad no termina con el actor que lanza el ataque. Aquellos que facilitan materialmente la agresión – al albergar bases extranjeras, proporcionar corredores logísticos o integrar sus sistemas de seguridad en operaciones militares externas – no pueden reclamar simultáneamente la neutralidad mientras se benefician de la protección que les otorga la soberanía.

Varios Estados del Golfo Pérsico gastan miles de millones de dólares en la compra de sistemas de armas y garantías de seguridad a los Estados Unidos, al tiempo que se presentan como actores totalmente independientes. En realidad, estos acuerdos a menudo externalizan la defensa nacional e incorporan intereses militares extranjeros en el territorio nacional. En efecto, estos Estados utilizan su propia riqueza para comprar armas estadounidenses que, en última instancia, sirven para proteger la presencia y los intereses de las fuerzas estadounidenses, en lugar de su propia soberanía.

Esta contradicción tiene profundas raíces históricas. Gran parte del sistema estatal contemporáneo de Asia occidental surgió de la reestructuración imperial tras la Primera Guerra Mundial, cuando las fronteras y las arquitecturas de seguridad se configuraron en función de los intereses estratégicos imperiales, en lugar de la auténtica autodeterminación. El legado de ese orden sigue limitando la autonomía de los Estados cuyas políticas de seguridad siguen estando estructuralmente vinculadas a las potencias occidentales.

En este contexto, el enfrentamiento en torno a Irán tiene un significado histórico más amplio. La lucha de Irán se percibe cada vez más en partes de Asia, África y América Latina como parte de una cuestión más amplia a la que se enfrenta el Sur Global: si las sociedades poscoloniales tienen derecho a desarrollar capacidades políticas, tecnológicas y de seguridad independientes sin coacción externa.

El Sur Global no es solo una categoría geográfica, sino una condición histórica moldeada por la dominación colonial y la integración desigual en el sistema internacional. Muchas naciones disfrutan formalmente de soberanía, pero siguen estando limitadas por la dependencia militar, los regímenes de sanciones o las relaciones de poder asimétricas. Cuando los Estados no occidentales intentan alcanzar la autonomía estratégica, sus acciones se consideran a menudo amenazas desestabilizadoras en lugar de expresiones de igualdad soberana.

El mensaje implícito es difícil de ignorar: la fuerza militar y el poder tecnológico se consideran legítimos cuando los monopolizan las potencias dominantes, pero peligrosos cuando los persiguen Estados ajenos a esa jerarquía. Por lo tanto, la pregunta es inevitable: ¿quién ha decidido que las naciones del Sur Global no tienen derecho a empoderarse?

Para muchos observadores, la presión ejercida sobre Irán refleja una expectativa más amplia de que los Estados independientes deben aceptar en última instancia la subordinación dentro del orden mundial existente. La exigencia no es solo un cambio de política, sino una rendición estratégica, cuyo cumplimiento se impone mediante sanciones, aislamiento y, cuando es necesario, presión militar.

Si se normaliza este precedente, sus implicaciones se extenderán mucho más allá de Irán. La derrota de un Estado que intenta preservar su autonomía estratégica indicaría a otras naciones del Sur Global que la soberanía sólo existe dentro de los límites definidos por el orden liderado por los Estados Unidos. Por el contrario, la preservación de la toma de decisiones independiente afirma la posibilidad de un orden internacional más plural y equilibrado.

No se puede esperar que un Estado absorba ataques indefinidamente mientras la infraestructura que los permite opera libremente más allá de sus fronteras. Si la soberanía tiene un significado real, debe incluir el derecho a neutralizar las amenazas dirigidas contra su existencia.

Por lo tanto, la cuestión no es si se debe respetar la integridad territorial, porque se debe respetar. La verdadera cuestión es si este principio puede invocarse de forma selectiva: exigirse a algunos Estados e ignorarse cuando su territorio se convierte en escenario de agresiones contra otros.

En este sentido, el derecho de Irán a defenderse no es una desviación del orden internacional. Es una consecuencia directa del mismo y, para gran parte del Sur Global, una prueba de si la soberanía en el siglo XXI sigue siendo un derecho universal o un privilegio reservado a un bloque alineado con los Estados Unidos.

 (*) Director ejecutivo de Mazmoon Books desde 2005. Fundó la Campaña Iraní de Solidaridad con Cuba, ha trabajado como director de publicaciones en House of Latin America (HOLA) y es autor de varios artículos para la prensa iraní y sitios web políticos, centrados principalmente en los movimientos progresistas latinoamericanos. Ali publicó un libro sobre Cuba titulado Rest in Peace Ernesto.