I – El debate político en Argentina.
 1. Es necesario concluir con el proyecto conservador neoliberal que se restauró en la
Argentina en diciembre de 2015, al servicio de las multinacionales, la oligarquía, el sistema
financiero, y que afecta gravemente el desarrollo económico y social del país; y por tanto al
goce efectivo de los derechos humanos básicos. Sus consecuencias, en un evidente marco de
pérdida de soberanía y ausencia de las necesarias medidas para el desarrollo económico-social
fueron, destrucción del sistema productivo, cierre de pequeñas y medianas empresas, falta de
trabajo, caída del salario real, desocupación y pérdida de conquistas laborales y sociales,
aumento constante del costo de vida con descomunal incremento de las tarifas de servicios
básicos, regreso al F.M.I. y el endeudamiento odioso e impagable. Esas son las dolorosas
circunstancias que fueron sumergiendo al país y castigando a la mayoría de su población,
por lo que es imprescindible superarlas.
 Horas de derrumbe institucional y en perjuicio de las condiciones de vida de las
grandes mayorías. Pero también marginación del estado de derecho en cuanto a las garantías
individuales, que instalaron el fórum shopping de jueces amanuenses de los poderes fácticos
y de iure; law fare, fake news y presos políticos. Se pervirtió el servicio de justicia hasta
convertirlo en instrumento de la persecución a los opositores. Que duda puede caber sobre que
el escandaloso proceso de endeudamiento afecta el derecho al desarrollo, y colocó a nuestro
país en condiciones de extrema vulnerabilidad como nación soberana. No se puede dejar de
tener presente que la soberanía es la condición necesaria de toda justicia; y del respeto a la
dignidad de cada una de las personas que habitamos este suelo.
 Se vino desplegando desde los sectores concentrados del poder económicofinanciero una utilización institucional sistemática como instrumento para la marginación
de derechos y el despojo, y no sólo en Argentina. El siglo XXI dio nacimiento a nuevas
figuras de golpes de Estado, y son conocidos los casos de Honduras, Paraguay, Brasil y
Bolivia.
 El entramado del poder financiero transnacional, sostenido con la clase
herodiana de grandes grupos económico-financieros oriundos que lo secundan pregonando a
su favor con medios de comunicación hegemónicos, más la estratificación social y cultural en
que nos encontramos, confronta con medidas llevadas adelante por el gobierno del Frente de
Todos y las que se deben adoptar para acentuar su rumbo, con lo cual impiden la solución de
los graves problemas nacionales; que se encuentran agravados ante la pandemia COVID-19.
La metástasis al pensamiento que ocasionan los grandes medios concentrados de
comunicación y debilidades de los sectores socio-políticos posibilitan la falta de concreción
de un proyecto que aglutine a los diversos sectores del país en el reconocimiento y sostén de
las finalidades que anhelamos los argentinos en este tiempo contemporáneo, y con precisión
definir los medios apropiados para hacerlas efectivas. Por tanto, es necesario profundizar el
debate político hacia el logro de tan elevado objetivo.
 Si bien ello se está realizando en el marco coyuntural de un proceso electoral
cercano, no puede dejar de reconocerse que profundizarlo ha de permitir alcanzar necesarias
coincidencias en importantes puntos que hacen a la faz estructural. Definir e impulsar un
proyecto político para superar esta etapa que transcurre en Argentina, sin duda posibilitará
avanzar hacia el Proyecto Nacional de los argentinos para el siglo XXI. El debate coyuntural
nos posibilitará alcanzar un nuevo diseño estructural. Una nueva Constitución será el futuro
de dicho proyecto.

 2. El marco político e ideológico del discurso único del modelo neoliberal y del
mercado como panacea es la expresión del poder concentrado ejercido por los sectores
dominantes, y el egoísmo e individualismo han sido incorporados como pautas de conducta,
llevando a la pérdida de la solidaridad social. Asistimos a un duro debate en el que confrontan
las dos corrientes que en distintos tiempos y de diferentes formas luchan por predominar en la
historia del ser humano: tal quienes desde grandes conglomerados económico-financieros y
periodísticos, con sus intelectuales orgánicos inculcan una visión falsa de la historia y de la
realidad contemporánea impulsando un clima ideológico proclive al sostén de fuerzas
políticas conservadoras, y por otro lado quienes impulsan el progreso social como vía para
lograr el “buen vivir” del pueblo. Dos modelos en pugna. En esencia es la disputa sobre la
distribución del ingreso, del producto social; o sea, quienes serán los destinatarios del
resultado de políticas socio-económicas. Confrontación que existe tanto en distintas zonas del
planeta, como en el contexto regional y por cierto en Argentina. No hay más que ver las
luchas que están llevando adelante el pueblo chileno, el peruano y el colombiano. Los ataques
que están sufriendo el pueblo venezolano y el cubano lo pone en evidencia sin duda alguna.
 Así fue que en nuestro país importantes conquistas democráticas y populares
fueron jurídicamente anuladas en poco tiempo. No es una fragilidad circunstancial, pues como
bien sostenía Sampay es una consecuencia que surge del plano de la Constitución real; o sea,
la estructura de poder que prima en nuestro sistema político en beneficio de los dueños del
capital y la tierra. Subvierten valores y ocultan necesidades básicas, para lo cual promueven
una interpretación maliciosa de objetivos tanto individuales como los colectivos que unen al
ser humano en comunidad; y en el marco jurídico utilizan para ello una interpretación estática
de la Constitución escrita vigente.
3. Nuestra Constitución atrasa. El lugar eminente que en su texto e interpretación
tiene el derecho de propiedad por los sectores hegemónicos, se encuentra alejado de la
evolución en el contexto de los derechos del ser humano. Por ello, no se puede dejar de tener
presente que la Constitución Nacional aprobada en 1949 reconoció la propiedad privada sobre
la base de su función social, y además consagró su intocable jerarquía. No se puede dejar de
mencionar tampoco que instituyó las normas de política económica constitucional, cual
“medios” necesarios para alcanzar el goce efectivo, el acceso a los derechos que hacen a la
plena dignidad humana. Pero, esa Constitución no cayó en desuso. Fue anulada por un Bando
del gobierno de facto de turno. Y por cierto, no fue por el procedimiento que especifica el
artículo 30 para su reforma, sino por un puro y simple acto de violencia política perpetrado en
1955 contra un gobierno elegido por voluntad mayoritaria del pueblo.
 Pero vayamos a la Constitución vigente. La reforma constitucional de 1994 si
bien amplió una serie de derechos ciudadanos en el capítulo Segundo de la Primera Parte,
titulado “Nuevos derechos y garantías”; y en la segunda Parte sobre “Autoridades de la
Nación” instituyó en su capítulo Cuarto, como “Atribuciones del Congreso”, varios principios
avanzados proclives al goce de los derechos humanos básicos; sin embargo en su diseño dejó
abierta la puerta para que la interpretación de dichas normas por los sectores del poder
económico-financiero y mediático se siga realizando con el lenguaje de mediados del siglo
XIX, revivido por el neoliberalismo en pos de la apropiación oligárquica del excedente
económico, mediante la utilización de ortodoxas formas de acumulación financiera. De
distintas formas lo experimentamos en carne propia los argentinos. Cuando se efectuó por
el gobierno nacional en 2005 y 2010 la histórica reestructuración de nuestra deuda después de
la gran crisis económico-financiera ocasionada por la anterior oleada neoliberal, dicha política
de desendeudamiento fue atacada por los buitres de las finanzas globales. La única
democracia que reconoce el poder hegemónico mundial es la del “Mercado” como panacea, y
califica de autoritario, o populista al gobierno que estimule políticas heterodoxas en lo
económico con distribución social de la riqueza.

II - El debate, el proyecto y una nueva Constitución. 1. Un proyecto social y político identifica al conjunto de actividades orientadas a obtener un resultado que satisfaga las necesidades urgentes de la comunidad, y elevar la calidad de vida de la población. Basándonos en el contenido lo conceptuamos como nacional, popular, democrático y federal. Es el proyecto más importante dado que influye en todo un país. Los programas sociales o públicos deben apuntar precisamente a mejorar la calidad de vida del pueblo. Es marcar un camino, emitir señales claras y concretas de cuál debe ser la dirección de un Estado y de un Gobierno. Un proyecto de estas características necesariamente debe estar en conexión con la Constitución. Al lograr ser consagrado por el pueblo, la Constitución se ha de ajustar al mismo. Sin dudas, es el futuro del proyecto. Es la misma evolución cultural, económica y social la que impulsa desde el interior de los pueblos a una mayor participación en todos los ámbitos de la vida, incluido el político institucional, y es sabido que el sentido más amplio y profundo de la participación del hombre en la vida de una nación políticamente organizada, se traduce en la soberanía del pueblo y en su derecho a ser artífice de su propio destino y “soberano de su propia suerte”. El debate sobre la democracia en las circunstancias actuales es una controversia acerca de la legitimidad política, y por consiguiente, comprende las formas políticas e institucionales sin las cuales no se puede hablar de legitimidad. El tratamiento del tema no puede restringirse a un grupo de notables, debe ampliarse a un gran debate a lo largo y a lo ancho del país entre los distintos sectores de la sociedad Argentina. Por ello, no se puede marginar la presencia activa y directa del pueblo en la decisión que se adopte sobre una nueva Constitución. 2. La política de no ingresar al tema constitucional y debatirlo a nivel popular, es una manifiesta y definida actitud con el oculto objetivo de sostener el statu quo; o sea, es una política conservadora para que perdure el esquema dogmático que instituyó la Constitución histórica que sostiene y posibilita una política económica constitucional que se adapta a las concepciones del “neoliberalismo”. Se debe salir de generalidades y el debate no cabe realizarlo en términos ambiguos o en cuestiones formales, que con eufemismos oculta el rechazo y temor de los sectores dominantes a la democracia y soberanía popular. Quienes así actúan proponen el debate y un consenso para mantener las bases establecidas en la Constitución real siguiendo las pautas de la democracia liberal, y en sostén de las normas de política económica insertas en la Constitución jurídico-formal que posibilitan que perdure el “neoliberalismo”. Es necesario superar tan engañoso proceder pues no poner en plano popular el debate, ocultar el porqué de la Constitución, no escuchar las nuevas opiniones y criterios, es como cerrar los ojos a las causas, las finalidades e intereses que la conformaron; e impedirá diseñar e institucionalizar los fines y medios adecuados para que impulsemos el país que desean y merecen los argentinos. III - Metodología y pautas para lograr la Nueva Constitución. 1. Es imperioso dar respuestas y propuestas concretas sobre las pautas del Proyecto Nacional. No encarar el debate constitucional implica no afrontar el proceso histórico y no estar en condiciones de adoptar las decisiones contemporáneas que nos lleven a un futuro superior. Por cierto, será necesario crear el ámbito adecuado para lograrlo; no importa el nombre que se le dé, sino la estructura orgánica que se diseñe para llevar a cabo tan importante objetivo. Sostenemos la necesidad de diseñar la metodología y pautas para un nuevo Proyecto de País que logre aportes desde una perspectiva multidisciplinaria y plurisectorial. La trascendencia del tema lleva a descartar la alternativa que sostenga que el mismo sea encarado solamente por un sector social o por un partido político. Como programa de acción para su realización proponemos inicialmente que con amplia participación popular se definan los ámbitos y criterios de organización para avanzar en el debate. Luego vendrá la

segunda etapa, sobre el contenido del proyecto, es decir, qué país desean ahora los argentinos;
debatir y definir los puntos esenciales para lograrlo y, asimismo, la estructura institucional
para su ejecución. Finalmente, alcanzaremos la tercera etapa, que es la que encarará el diseño
arquitectónico de la Constitución como marco del nuevo proyecto, para su institucionalizado
al más alto rango normativo.
 Así es que el tratamiento del tema no puede restringirse a un grupo de notables,
sino que debe ampliarse a un gran debate a lo largo y a lo ancho del país entre los distintos
sectores de la sociedad. Por ello, no se puede marginar la presencia activa y directa del pueblo
en la decisión que se adopte sobre una nueva Constitución. La Ciencia Política eleva a
categoría de dogma el principio participativo. Ciertamente, para expresar de la manera más
clara y fundada la determinación que se ajuste mejor al interés de la República y al bienestar
de su pueblo, dicho debate tiene que ser anterior al tratamiento en el Congreso Nacional.
 2. Una Nueva Constitución, no una simple reforma. Por eso sostenemos hace tiempo
que será imprescindible la apertura de un proceso de movilización popular que desemboque
en una propuesta que recoja los aportes de las organizaciones sociales de nuestro pueblo.
Desde los municipios, sindicatos, universidades, y con la participación de movimientos
sociales y partidos políticos. En las organizaciones barriales, los centros de investigación
estudiantiles, de la pequeña y mediana empresa; de mujeres, de jóvenes, y de jubilados.
Promoverlo en los medios de comunicación, particularmente los que no son manejados por el
control remoto de las grandes corporaciones.
 Por tanto, para concretar el anhelado logro de un proceso constituyente con estos
altos objetivos de alcanzar la Justicia Social, o el “buen vivir” de las poblaciones de nuestro
país, es que sostenemos la necesidad de incrementar la participación popular mediante
Asambleas de base, con propuestas temáticas concretas. Participación y poder popular
para enfrentar al poder económico, mediático y judicial. Para definir el rol del Estado, dictar
la Constitución y sancionar las leyes de materia constitucional que fueren necesarias para
llevarlo a cabo, será imprescindible remarcar y sostener las competencias propias de la
Asamblea Popular Constituyente. La misma no puede ser condicionada por los poderes
constituidos. La organización popular tiene que llevarnos al Proyecto Nacional, Popular,
Democrático y Federal, y la nueva Constitución será el futuro del Proyecto con el debido
rango constitucional. Por cierto, dicho texto nacerá de las filas del Pueblo, y como broche
final a dicho proceso finalmente debería ser puesto a su aprobación mediante referendo.
IV - Una nueva etapa para la Argentina.
 1. Por todo lo expuesto, entendemos que la Constitución Nacional requiere un nuevo
diseño que evidencie una nueva arquitectura distinta, amplia y profunda, y no se debe
restringir a una simple modernización de su parte dogmática o a la modificación de su faz
orgánica para actualizarla solamente. Las bases que voy a mencionar para un futuro texto
constitucional, si bien entiendo que se refieren a sus partes más trascendentes, no se cierran a
la consideración de otras que surjan del debate.
 Será necesario realizar un esfuerzo creador para construir un orden
sociopolítico propio que sirva de base sólida para instaurar un nuevo modelo de sociedad que
nos permita hacernos cargo de nuestro propio destino en el mundo global. Para lograr ese alto
objetivo propongo estas Bases al debate que hemos de sostener para institucionalizar un
nuevo Proyecto Nacional y Popular, y enfrentar a los sectores que se oponen al cambio
social en la Argentina. Como inmediata consecuencia vendrá la oportunidad de sancionar una
nueva Constitución Emancipadora para el País de los argentinos1

1 En el segundo tomo de mi obra “Argentina, Historia y Constitución” (El Cid Editor, Buenos Aires, 2020),
desarrollo ampliamente el tema.

 2. El pleno ejercicio del poder constituyente del pueblo es la única garantía para
que argentinos y argentinas tengamos una nueva Constitución. Una Constitución que no sea
solamente un documento jurídico sino la expresión de un nuevo proyecto para el país, cuyo
norte sea el más pleno ejercicio de su soberanía y la satisfacción de los derechos económicos,
sociales, culturales y políticos para todos sus habitantes.
 Como explicaba Sampay, las naciones son estructuras colectivas vitales, pero que
a diferencia de las individuales, no están sometidas a los inexorables términos del proceso de
desarrollo, decrepitud y muerte biológicos, sino que según sea la excelencia o carencia de su
previsión y voluntad, crecen o decrecen, se expanden o se contraen, progresan o decaen hasta
sucumbir. Construir una trinchera de ideas para confrontar con quienes impulsan políticas
para someter a los pueblos. Un espacio para forjar el pensamiento y la acción necesarios para
un Proyecto Nacional, Popular, Democrático y Federal, en el marco de la Patria Grande. La
tarea es abrir y profundizar el debate; construir rutas conceptuales y metodológicas, como
paso indispensable para la formulación del proyecto de liberación nacional y social. Trasmitir
el saber emancipatorio: sembrar la teoría y diseñar la metodología apta para hacerlo
realidad. Avancemos definitivamente por la senda hacia la Patria Grande, en estas tierras de
la América del Sur.
V - Una Constitución emancipadora para el país de los argentinos.
 1. La urgente reversión del rumbo nacional es concebible sobre la base de la
construcción de una nueva institucionalidad, de un nuevo Estado, apoyado sobre nuevas bases
conceptuales acordes al país que tenemos y a nuestro tiempo contemporáneo, que apuntale
constitucionalmente derechos. Para efectivizar la Justicia Social como fin último de toda
comunidad política es que entendemos necesario iniciar el debate hacia una nueva
Constitución. No es tarea excluyente de juristas ni especialistas. Ello sólo puede alcanzarse si
es fruto de una amplia movilización y efectiva participación protagónica para institucionalizar
al más alto rango normativo un Proyecto Nacional, Popular, Democrático y Federal.
 No nos cabe duda alguna que como el anhelo de Justicia es inherente a la índole
humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, en la infraestructura sociológica
de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que
surgen del pueblo por una Constitución mejor contra la obstinación oligárquica en resistir su
transformación. Se debe tener en cuenta que la conciencia ética está en el origen de toda
transformación histórica de liberación de los oprimidos y excluidos, y que la debilidad se
transformará en fortaleza ética a mediano y largo plazo. Sólo un proyecto político superador
que priorice el interés público, colectivo y nacional, posibilitará alcanzar la emancipación
social, cultural y económica.
 Es imprescindible diseñar una novedosa arquitectura constitucional que
comprenda derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, para el
“buen vivir” del pueblo; y las indispensables normas de política económica constitucional
para concluir con el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia efectiva de
esos derechos. Abrir el debate para lograr que una futura Asamblea Popular Constituyente
instituya oportunamente una nueva Constitución. Con la creatividad popular se podrán
pensar y delinear nuevos caminos para la vigencia plena de los derechos humanos básicos en
nuestra realidad contemporánea. La experiencia histórica nacional y el derecho constitucional
comparado, en especial novedosas constituciones que se sancionaron en procesos
sociopolíticos de países que impulsan avanzados marcos constitucionales en pos del progreso
social para sus pueblos no puede ser obviada, ni tampoco los proyectos y circunstancias que
actualmente se desarrollan en pueblos hermanos hacia tan alto objetivo.
 Pero cabe remarcar que para lograrlo y modificar la Constitución real que llevó
al subdesarrollo y la injusticia en nuestro país, es prioritario construir el motor del proceso

social que lo lleve a cabo, la alternativa efectiva de poder político nacional que nos permita
concluir con todas las políticas económicas que se ejecutaron y apartar definitivamente a
todos los sujetos que las facilitaron. De esa forma se podrá defender la riqueza nacional e
impedir su fuga, erradicar el endeudamiento exterior, aumentar la capacidad de ahorro
nacional, recuperar e intensificar la explotación de los recursos naturales y biogenéticos, de
los servicios públicos, el desarrollo científico-tecnológico e impulsar el proceso de
industrialización, apoyar el acceso a la tierra y a la maquinaria agrícola a quienes desean
trabajar en el campo, expandir el mercado interno, posibilitar a los sectores trabajadores una
mayor participación en la renta nacional, y, en fin, poner en vigor leyes y servicios sociales
indispensables para la protección de los valores humanos.
 2. Sostenemos que un nuevo diseño arquitectónico tiene que desarrollar una
original metodología para la parte dogmática y en diversos títulos se deben delinear los
puntos que hacen a los principios fundamentales de la Nación, la presencia de un Estado
activo, el régimen económico, los derechos, deberes y garantías básicas, ya sea individuales,
políticos o sociales, y la educación y la cultura. Instituir un apoyo diferenciado para las
Pymes. Se deberá prescribir que el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de
los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, promoviendo la
participación ciudadana; y establecer que los medios de comunicación social no podrán
conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios. La integración con los
pueblos hermanos de la Patria Grande, será un principio fundamental para fortalecer los
procesos de unidad y progreso social. Se deberá normar lo referente a la propiedad y
protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, acorde a nuestra necesidad de
desarrollo socioeconómico y el necesario cuidado sobre el impacto ambiental. Se deberán
incorporar normas para preservar y asegurar la supremacía de la Constitución. Será relevante
la participación del pueblo en defensa de sus intereses y en el sostén de la Constitución. Se ha
de precisar en el Proyecto la importancia de la Investigación y Desarrollo, y el conocimiento
como vía principal en el mundo contemporáneo para hacer efectiva la soberanía nacional.
 En lo que concierne a la parte orgánica del texto constitucional, ha de merecer una
revisión atinada la organización y funcionamiento de los distintos poderes del Estado, cuáles
son sus atribuciones, cómo se distribuyen sus funciones y cuáles serán sus relaciones.
Estamos persuadidos que las normas constitucionales deberán codificar un nuevo criterio de
técnica política arquitectónica sobre los poderes gubernativos y los medios más idóneos
para poder lograr el verdadero fin de la Constitución, esto es la Justicia Social o bien común.
Es de relevancia la forma de designar a los gobernantes, la participación del pueblo en
defensa de sus intereses y el desempeño de los organismos de control. Se tendrá que
democratizar el poder judicial, y alcanzar la transformación de los sistemas y prácticas
judiciales. Es imprescindible incorporar normas para hacer efectiva la soberanía jurídica y
recuperar la facultad jurisdiccional de la Nación, en trascendentes temas que no deberían
dilucidarse ante tribunales o árbitros foráneos. El tema del endeudamiento exterior deberá
estar contemplado con precisión respecto a las necesidades o urgencias que se invoquen para
su concreción, y asimismo el control posterior y la participación protagónica del pueblo en
cuanto a su conocimiento y celebración. También se deberán diseñar los principios
normativos para la protección de la soberanía legislativa, que se encuentra encorsetada por los
Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (TPPI) y la telaraña de sus cláusulas, que
inciden sobre funciones esenciales y propias de un Estado soberano; y por tanto, también ello
debe ser prescripto claramente en un nuevo texto constitucional. En cuanto a la estructura del
Estado nacional, será menester diseñar preceptos acerca de un nuevo federalismo, así esa
importante institución coadyuvará a concretar un desarrollo equilibrado y armónico.
 3. Pero, por supuesto, no hemos de creer que en abstracto o dogmáticamente, a
través de la sola reforma o cambio de la Constitución escrita o jurídico-formal se conseguirá

remediar los problemas que padece nuestro país. Insistimos, que es imprescindible concretar
la necesaria y vigorosa alternativa de un poder político que dé impulso sostenido a una
definitiva modificación de las estructuras reales del poder, que -según afirma la conocida tesis
de Lasalle- son la base efectiva que otorga perdurabilidad a la Constitución real que soporta el
país, con dependencia económica e injusticia social. Ello es la verdadera valla que no puede
superar todavía una nueva Constitución jurídico-formal con el sentido indicado.
 No nos debe preocupar que cuando se traten estos grandes temas se generen
“agudas controversias” o se llegue a “crear tensiones en la sociedad”. Toda Constitución que
sostenga cambios de estructuras en dirección al progreso de la justicia, entrará
ineludiblemente en conflicto con los beneficiarios de los privilegios que esa nueva
Constitución suprime. Más concretamente, siempre una Constitución hecha con el propósito
de redimir al país y afianzar el progreso social habrá de confrontar con quienes pretenden
evitar que ello ocurra. Por el contrario, una nueva Constitución que no entrara en conflicto
con los intereses internos y externos afectados por dicha alternativa no sería para emancipar al
pueblo argentino, sino para reforzar la dependencia.
VI - Bases para una Nueva Constitución.
 1. Considero necesario comenzar con los siguientes preceptos para el diseño de un
nuevo proyecto, a fin de ser presentado a la consideración de los distintos sectores de la
Nación, y con normas claras, precisas y unívocas, diseñar la nueva arquitectura jurídicoconstitucional, y consagrar la operatividad de las disposiciones constitucionales:
- La Nación Argentina no admite forma alguna de colonialismo o neocolonialismo, ni
sometimiento a dictados o directivas de órganos o entidades supranacionales que puedan
afectar su soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos.
- La causa de las Islas Malvinas usurpadas merced a circunstancias desfavorables, ha de
ser reflejada desde el nuevo Preámbulo y en distintas partes de la normativa
constitucional. Sostenemos que es ineludible obligación de los poderes de gobierno
ejecutar los reclamos pendientes y adoptar las medidas -tanto en la política exterior de la
Nación, como en el interior de su territorio- para recuperar la soberanía sobre las Islas
Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
- Argentina no debe aceptar limitaciones en el ejercicio de su soberanía, con la
transferencia de la decisión nacional en la confección y ejecución de sus programas
económicos.
- El régimen económico de la República se fundamenta en principios de Justicia Social,
para efectivizar y garantizar el goce efectivo de los derechos. Toda actividad económica
debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país. El capital debe
estar al servicio de la economía nacional y su principal objetivo será el bienestar social.
- La política económica tendrá como principal objetivo asegurar una adecuada distribución
del ingreso, la riqueza nacional y asegurar la soberanía alimentaria y energética. La
garantía de la soberanía alimentaria, es entendida como la democratización en el acceso a
la producción y el consumo de los alimentos y la efectiva protección de los derechos de
usuarios y consumidores.
- La defensa del trabajo digno, de calidad y bien remunerado será condición central para
las políticas de Estado. Asimismo, la protección de la jubilación bajo una concepción
solidaria para preservar a los mayores que excluya la posibilidad de que sus ingresos sean
fuente de especulación financiera.
- El derecho a la salud como eje de la construcción de políticas sanitarias, la regulación,
control y distribución de medicamentos como bien social; asimismo las patentes
farmacéuticas deben estar disponibles para efectivizar el derecho a la vida; y el
fortalecimiento de sistemas solidarios de salud, por sobre el lucro que impone el Mercado.

- La Ciencia y la Tecnología como herramientas a impulsar desde el Estado en la demanda
de I+D cual objetivo estratégico, conforme al desarrollo industrial y de servicios
tecnológicos que postule nuestro país como política de Estado del siglo XXI.
- El Estado generará condiciones para la protección integral de sus habitantes, en particular:
igualdad en la diversidad y no discriminación racial, política, religiosa, o de género. La
protección integral contará con sistemas especializados para la inclusión y equidad social.
- Políticas Sociales como instrumento de inclusión al conjunto de la población, con
despliegue de indicadores de vida que constituyan derechos inalienables de los argentinos,
como educación, vivienda y salud.
- Los derechos económicos, sociales y culturales fijan límites a la discrecionalidad estatal
en la decisión de políticas públicas. Estos derechos conforman un catálogo de
obligaciones que el Estado debe cumplir prioritariamente, e imponen que los recursos
públicos deban ser ordenados a tal fin antes que ser dedicados a otras áreas.
- Corresponde sostener un orden axiológico de los gastos públicos, encabezado por las
necesidades básicas relacionadas con los derechos sociales. Los ingresos y gastos de la
hacienda pública deberán priorizar la vigencia efectiva de los derechos humanos básicos.
- El Estado es instrumento principal para llevar a cabo la transformación progresiva de las
estructuras socio-económicas, el progreso material y espiritual de toda la Nación.
Organizará un sistema de planificación estratégica democrática del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.
- El Estado ejercerá actividad empresarial con el fin de promover la economía del país,
prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos del desarrollo. Por razones de interés
social o seguridad nacional, la ley reservará para el Estado determinadas actividades
productivas o de servicios.
- Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, como toda otra forma de asociación o
acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que pretendan
el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios.
- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio del derecho de la comunicación,
la información, la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana.
Fomentará la pluralidad y diversidad en la comunicación. No permitirá el oligopolio o
monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso
de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
- Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son los que por su
trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o
ambiental, y se orientaran al pleno desarrollo de los derechos sociales y el interés social.
- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la
prestación de servicios públicos, y el desarrollo de otras actividades económicas.
- Los recursos y riquezas naturales que se encuentran en el territorio argentino y en el mar
territorial de nuestro país, son titularidad exclusiva del Pueblo de la Nación Argentina.
- Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el
objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar
a cada labriego o familia labriega convertirse en propietario de la tierra que cultiva.
- Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas y de la biodiversidad. Defensa del medio ambiente basada en el principio de
que preservar la vida humana y de las especies que habitan el planeta tiene prioridad por
sobre cualquier derecho individual que pudiera contradecirla.
- La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las
obligaciones que establezca la ley con fines de bien común.

- El Estado garantiza la existencia de distintas formas de propiedad y pluralismo
económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática del sector
estatal, cooperativo, autogestionario y privado.
- El Estado definirá las políticas de precios, orientada asimismo a proteger la producción
nacional y establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de
monopolio y oligopolios privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y
otras prácticas de competencia desleal.
- El Estado reconoce y prioriza el apoyo a la organización de estructuras asociativas de
micro, pequeñas y medianas empresas productivas, urbanas y rurales, las que contarán
con apoyos y beneficios diferenciados del Estado.
- El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la
capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, y a
la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población.
- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones
específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las
inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación
tecnológica y generación de equilibrios regionales y sectoriales.
- La inversión extranjera será complementaria de la nacional, estará sujeta a un estricto
respeto al marco jurídico y de las normativas nacionales en cuanto a los derechos, y se
orientará según las necesidades y prioridades definidas por la Nación, así como en los
diversos planes de desarrollo de las Provincias.
- Las empresas extranjeras radicadas en la Argentina están sujetas sin restricciones a las
leyes de la República. En todo contrato que celebren el Estado o las personas de derecho
público con empresas extranjeras, debe constar su sometimiento expreso a las leyes y
tribunales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Lo cual debe
establecerse en las autorizaciones para funcionar que se les otorgan a dichas empresas.
- No se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado
Nacional ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional o jueces
extranjeros, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y
personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos
internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos de
Latinoamérica y el Caribe, por instancias arbitrales regionales.
- Es imprescindible recuperar la soberanía legislativa que se encuentra encorsetada por los
denominados Tratados de Promoción y Protección de las Inversiones (TPPI), y los
acuerdos que llevaron a aceptar las decisiones del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con los conocidos resultados negativos para
el bienestar social y el desarrollo nacional.
- Ha llegado el tiempo de investigar y auditar la ilegal e ilegítima deuda que se impuso al
pueblo argentino con el diseño y renegociación fraudulenta de la deuda externa. Los
sentimientos de justicia y equidad que sostuvo el general San Martín para reconocer las
deudas que se contrajeron serán principios irrenunciables del pueblo argentino2
.
- La ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente y preciso
en relación al tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar
ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública.
- Debe incorporarse a la Constitución la prohibición de no tomar deuda pública para
financiar gastos corrientes. La asunción de deudas sin la debida demostración de la
capacidad de repago constituye en realidad, no sólo una manifiesta irresponsabilidad

2 En mi libro “Constitución, endeudamiento y políticas soberanas” (Ediciones Fabro, diciembre 2019), desarrollo
el tema, especialmente el pensamiento y acción del General José de San Martín.

financiera violatoria de los deberes y funciones de los funcionarios públicos, sino además,
una causal de ilegalidad e ilegitimidad en sí misma para el Estado.
- Los derechos humanos proporcionan un marco claro y universalmente reconocido en el
que puede basarse la formulación de una solución justa, equitativa, sustentable y
duradera al problema del endeudamiento exterior; no tenerlo en consideración lleva a
socavar la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones.
- La integración política, social, económica, financiera, cultural y tecnológica, la defensa
de la integridad territorial y la paz en el continente Latinoamericano y del Caribe será
objetivo estratégico del Estado.
- Transformación del poder judicial y su democratización, orientada a garantizar la
vigencia y aplicación de los derechos que consagra la Constitución. Creación de un
tribunal constitucional que supere el régimen de incertidumbre sobre la constitucionalidad
de las leyes que se sancionan. Fin de todo privilegio de los integrantes del poder judicial.
- Establecimiento de un régimen institucional que promueva la vigencia de una
democracia participativa y la responsabilidad de los funcionarios ante el pueblo y sus
organizaciones. Un régimen que permita la estabilidad política y cuyo funcionamiento sea
el más eficaz para asegurar los fines fijados por la nueva Constitución.
- El combate a la corrupción y el castigo a quienes como funcionarios o como agentes
privados se apropien ilegítimamente de los recursos públicos o coadyuven a la exacción
exterior, será la vía para evitar tales ilícitos que constituyen la forma más grave de
corrupción.
 2. Los objetivos, estrategias, planes y proyectos más adecuados a cada situación,
lugar y circunstancias, sólo pueden ser bien elaborados por personas consustanciadas con un
claro sentido nacional y compromiso de servicio en función de los intereses del país y de su
comunidad. Pero, para su debida ejecución no alcanza con la inteligencia, compromisos y
conocimientos de quienes los preparen, porque es indispensable también que el mismo pueblo
reconozca la importancia de esa acción, valorice sus propuestas y se integre en los distintos
roles que requiere la construcción mancomunada de una nueva realidad política, económica y
social que comprenda a todos los sectores populares.
 La invariabilidad de las categorías filosóficas, sociales, y constitucionales, es una
idea ya hace mucho sobrepasada. Con las consideraciones antes expuestas presento estas bases
esenciales para debatir el nuevo Proyecto Nacional del País de los Argentinos, y de tal modo
sostengo la imperiosa necesidad de definir el procedimiento y la metodología para lograrlo, sus
tiempos, las asambleas, y cómo se evaluarán todas las opiniones a fin de plasmar el Proyecto
Nacional que debe ser la esencia de una nueva Constitución Nacional, acorde a nuestra
realidad del siglo XXI. Después llegará el tiempo de la expresión parlamentaria, sobre la
oportunidad, necesidad y contenido de la nueva Constitución.
 Una nueva Constitución Emancipadora para el País de los Argentinos. Que
coadyuve a realizar la Justicia Social, el fin natural de la comunidad y que la Constitución debe
estructurar, para que todos y cada uno de sus miembros puedan perfeccionarse integralmente
conforme a la dignidad humana. Para lo cual será indispensable la unidad y organización de
los sectores nacionales y populares. Su indestructible alianza será el camino seguro para lograr
tan alto objetivo.

Por el fin de la marginación y la pobreza. Por la señal de la Patria!