"La solución a la pobreza es el trabajo y no los planes" es una afirmación válida e incorrecta al mismo tiempo. Además de los desempleados pobres, el universo de la precariedad incluye a trabajadores informales e incluso asalariados registrados. Por otro lado, la pobreza se relaciona con las condiciones habitacionales y la densidad estructural del barrio. Por ello, también es prioritario modificar radicalmente las condiciones de habitabilidad.

Una preocupación muy razonable en la actual etapa electoral ronda en torno a la persistencia de un porcentaje muy significativo de la población argentina que vive en condiciones de pobreza. La cuestión central para analizar esta problemática es determinar sus causas para definir de qué modo implementar políticas públicas que muevan el amperímetro hacia una mejora sustantiva en las condiciones de vida.

Entre las principales razones que se aducen para explicar la pobreza por parte de dirigentes políticos, sociales y expertxs es que "falta trabajo". El propio presidente de la Nación, expresó unos días antes de las PASO que "la solución de la pobreza es el trabajo y no los planes". Esa afirmación es válida e incorrecta al mismo tiempo.

Historia reciente
Desde la década de los '90, en Argentina se implementaron un conjunto de políticas que lejos de crear y sostener las fuentes de empleo, lograron su opuesto: se promovió un modelo financiero por sobre el productivo, se privatizaron empresas públicas, se llevaron adelante importantes modificaciones en la legislación laboral con el argumento de la atracción de inversiones, además de la privatización de la seguridad social en su totalidad y de una parte de la educación y la salud. El efecto fue un aumento de la desocupación y del empleo informal y, por lo tanto, de la pobreza, la indigencia y la desigualdad.

En el período 2003-2015, se logró parcialmente mejorar el empleo y los ingresos a través de una batería de políticas económicas y sociales que no alcanzaron para resolver la herencia social regresiva de la década anterior. El trabajo informal se había asentado estructuralmente, por lo que 3 de cada 10 personas económicamente activas accedían a un empleo de esas características, obteniendo algún tipo de ingreso a través de una changa o empleo no formalizado, menor al promedio de lxs ocupadxs asalariadxs formales.

La condición de informalidad quedó anclada inevitablemente a la pobreza. La gestión gubernamental diseñó una cantidad de políticas y programas como la Asignación Universal por Hijx, que no alcanzaron para transformar radicalmente tales condiciones.

En el período 2015-2019, Cambiemos aplicó una política económica de devaluación, eliminación de subsidios a las tarifas y aumento de la inflación que derivó en un importante cierre de fábricas, pymes y comercios, lo que repercutió en el incremento de la desocupación y el empleo informal y, otra vez, de la pobreza y la indigencia.

Con la llegada de la pandemia, se contrajo la actividad económica y por lo tanto empeoraron aun más los indicadores de empleo e ingresos.

Trabajo informal
Las personas que no logran acceder ni siquiera a una changa ven gravemente afectada la sostenibilidad de sus vidas. Pero también hay casos en que hay autoempleo a través de un microemprendimiento no alcanza a garantizar un promedio de ingresos que habilite el acceso a una canasta razonable de bienes y servicios y mucho menos a la atención de salud o aportes al sistema jubilatorio. Tienen trabajo y también son pobres.

Hay un núcleo de personas que se han empobrecido porque el tipo de empleo al que acceden no permite cubrir lo que necesitan. Este no es un problema nuevo, sino que tiene por lo menos cuatro décadas de presencia estructural.

Dentro de ese núcleo, algunas personas trabajan cotidianamente en actividades comunitarias, como huertas y comedores, pero la labor que realizan no es considerada y legitimada como un "trabajo" porque esa participación no pasa por el mercado en sentido estricto. Trabajan pero no obtienen ingresos y son pobres.

Es preciso identificar las distintas situaciones laborales que se producen en el enorme y complejo mundo de la informalidad. Las políticas necesarias no deberían ceñirse sólo a los ingresos, sino también apuntar a la calidad del empleo, atendiendo además el impacto sobre el género, lo cual también requiere específicas miradas.

Empleo formal
La pobreza no se reduce al universo del empleo informal. Comprende también a un conjunto considerable de trabajadorxs que tienen un empleo en blanco y acceden a protección social, pero cuyo nivel salarial resulta insuficiente para satisfacer sus condiciones de vida de un modo adecuado, cercano al bienestar y no solo en el nivel mínimo para juntar energía y volver a trabajar al día siguiente.

Por ejemplo, lxs trabajadorxs estatales de la Administración Pública Nacional, seguramente también los provinciales y municipales, tienen un promedio salarial bastante bajo desde años '90. Si bien en el período 2003-2015 recuperaron algo de la capacidad de compra, lo cierto es que las paritarias en el sector han sido modestas debido a que las autoridades no estaban en condiciones de legitimar aumentos muy por encima de la inflación.

Lxs estatales fueron perjudicadxs porque el Estado marca un piso y un techo a partir del cual envía señales al sector privado para definir el rumbo salarial. Además, no está debidamente jerarquizada la importancia de la labor que se desarrolla cotidianamente desde las oficinas públicas. En cambio, desde mediados de los '70, el discurso neoliberal sobre el gigantismo e ineficacia estatal fue ganando "sentido común" y no se visualizó la necesidad la inversión púbica en los propixs trabajadorxs del Estado tanto por el lado del salario como en las condiciones de contratación.

Lxs trabajadorxs del Estado enfrentaron un franco deterioro a raíz de las paritarias acordadas por debajo del ritmo inflacionario a lo largo de toda la gestión de Cambiemos. En este período, la pérdida real acumulada del poder adquisitivo fue de 4,5 salarios, calcula el Iaraf. En el año y medio de pandemia, su situación no mejoró. Y este no es el único caso que podría referirse dentro del universo "formal". Tienen trabajo formal, obtienen ingresos pero están empobrecidxs.

Se requieren intentos específicos para mejorar el poder adquisitivo, porque en Argentina la pobreza se explica no sólo por las condiciones de empleo informal, sino también por la existencia de trabajadorxs ocupadxs cuyos ingresos resultan insuficientes. En el caso de los primeros, la situación es más urgente y acuciante, pero los intentos de política pública deben tener una mirada amplia respecto de qué significa estar empobrecidx en la actualidad.

No solo de trabajo se vive
La discusión sobre la pobreza suele reducirse a los ingresos y a lo básico para vivir. Esa mirada es limitada porque la vida no se trata solo de comer y trabajar, sino que también abarca la participación en actividades que hacen a la construcción de la identidad, al despliegue de la personalidad, a la posibilidad de aportar a la propia sociedad donde se vive y por lo tanto, sentirse útil y reconocidx.

La pobreza también comprende las condiciones habitacionales y la densidad estructural del barrio donde se vive. En ambos aspectos, Argentina exhibe un deterioro significativo, ya que el acceso a la vivienda se complejizó desde la dictadura militar y las condiciones de vivienda y el contexto del hábitat presentan múltiples deficiencias.

A lo largo y ancho del país hay barrios carenciados, faltos de los servicios básicos como gas natural, cloacas, recolección de residuos, calles asfaltadas, escuelas, sala de primeros auxilios, centros culturales de recreación y deportes y transporte público. La reversión del deterioro del hábitat requiere años de políticas sistemáticas que apunten a una transformación estructural.

Por lo tanto, no alcanza con mejorar el acceso a un empleo, sus condiciones y los niveles salariales, sino que además, resulta necesario producir mejoras sustantivas en relación a las viviendas y los barrios. Existen actualmente planes de acceso y mejoramiento de la vivienda pero, sin menospreciarlos, resulta prioritario elaborar un plan estratégico que se proponga modificar radicalmente en todo el país las condiciones de habitabilidad.

Las personas pobres se encuentran en tal situación por efecto y defecto de los resultados de las políticas económicas y sociales de las últimas cuatro décadas. Hasta ese momento, la sociedad argentina estaba mucho más integrada, no se evidenciaba una desigualdad tan pronunciada entre quienes tenían más y menos ingresos y la expectativa de que lxs hijxs tuvieran una vida mejor que lxs madres y padres podía ser realizable. Esa sociedad quedó atrás al compás de los cambios en la lógica del sistema capitalista argentino.

Ni antes ni hoy, vivir la vida en la pobreza es una elección voluntaria. Por más esfuerzos y méritos que se construyan en términos individuales, no resulta fácil salir de tal situación sin la presencia decidida del Estado. La gente empobrecida merece acceder a consumos culturales y recreativos, además de tener un empleo o alimentarse en los estándares justos para no perder la energía. El derecho a los bienes culturales debiera constituir un horizonte de las políticas públicas que se propongan resolver la pobreza y garantizar la ciudadanía y no ajustar la mirada a una cuestión solo dineraria y de umbrales mínimos.

Dejar una huella
El desafío de pensar la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad requiere ampliar las definiciones de las categorías de análisis y el modo de pensar y ejecutar las políticas.

Si se trata de producir modificaciones estructurales en el mediano plazo, es preciso generar empleo de calidad, mejorar el empleo existente, reducir los niveles de informalidad, ampliar los rangos salariales, garantizar umbrales adecuados de protección social para todxs independientemente del tipo de empleo al que se accede, reconocer actividades que aportan valor social a las comunidades como "trabajo", mejorar la vivienda, su acceso y el hábitat de modo radical y estructural y garantizar el derecho a gozar de bienes culturales. Todo ello implica reequilibrar el reparto de la riqueza que se produce en Argentina en favor de los sectores empobrecidos.

* Doctora en Ciencias Sociales. Integrante del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.