viernes 20 de mayo de 2022 - Edición Nº626

Economía y Política | 19 abr 2022

La soberanía popular en jaque

EL GOBIERNO DE LOS JUECES

Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumisa a la demanda de los factores de poder real de la Argentina y del propio embajador de EE.UU. en la Argentina, Mr. Marc Stanley, el 16 de diciembre de 2021 dictó un fallo declarando la inconstitucionalidad de la ley que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde el año 2006, produciendo un quiebre institucional y un avance sobre la soberanía popular.


El artículo 114 de la Constitución Nacional, incorporado por la reforma del año 1994 que fue producto del denominado "Pacto de Olivos" entre el ex presidente Raúl Alfonsín y el entonces presidente Carlos Menem. Ese artículo previsiona un criterio de "equilibrio" para la integración del Consejo de la Magistratura por jueces, abogados, académicos y los órganos políticos resultantes de la elección popular. No me extenderé sobre detalles técnicos del asunto porque no es el motivo de este artículo.

 

Lo importante es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumisa a la demanda de los factores de poder real de la Argentina y del propio embajador de EE.UU. en la Argentina, Mr. Marc Stanley, el 16 de diciembre de 2021 dictó un fallo declarando la inconstitucionalidad de la ley que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde el año 2006. Fallo que fundamentó en la supuesta falta de "equilibrio" que caracterizó a la integración de trece miembros determinado por dicha ley. Con el voto de tres ministros, entre los que se cuenta el de Horacio Rosatti, que ya se había votado a si mismo como presidente del alto tribunal, y la oposición del ministro Ricardo Lorenzetti (peleado con Rosatti) la Corte no sólo declaró la mentada inconstitucionalidad de la ley, sino que intimó al Congreso Nacional a dictar una ley que la reemplace cumpliendo con el respeto al tan meneado concepto de "equilibrio", de interpretación extremadamente amplia, en el plazo de 120 días, bajo apercibimiento de restablecer la ley que preexistía a la sancionada en 2016, que lo integra con 20 miembros y lo preside el presidente de la Corte; es decir el mismo e inefable Horacio Rosatti. Ese plazo expiró el 15 de abril pasado y en el día de la fecha Rosatti, portando una inconmovible cara de piedra, se presentó y asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura. La jugada permite, en un análisis rápido, puntualizar lo siguiente:

 

1) La Corte Suprema de Justicia acaba de dar un golpe institucional, que consiste en haber repuesto mediante su fallo de inconstitucionalidad, una ley que había sido derogada por el Congreso Nacional. Reposición que está absolutamente vedada por la Constitución Nacional, toda vez que la misma impone un sistema republicano de gobierno, es decir con plena división de poderes. La Corte, entonces, asumió una facultad legislativa que es patrimonio exclusivo de los legisladores.

 

2) La asunción de Rosatti consagra abiertamente en el país, el gobierno de los jueces. Tanto porque la Corte tiene ya en sus manos la última palabra relativa a cualquier conflicto de intereses como porque, además, ahora maneja el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado por la Constitución Nacional de proponer y de remover jueces federales.

 

3) El gobierno presidido por Alberto Fernández resulta corresponsable de este golpista avance institucional. Ello porque pudo y debió, tan pronto como asumió, dictar un DNU estableciendo la ampliación de los miembros de la Corte, con el propósito de licuar el poder de un tribunal supremo que con sólo cinco miembros (ahora cuatro) encabezó la degradación del poder judicial que se profundizó hasta niveles reñidos con la vigencia de la democracia. No sólo no lo hizo, sino que públicamente exaltó el prestigio de estos jueces y valoró positivamente su integración con sólo cinco miembros. Jueces los ponderados por Fernández, entre los que se encuentran dos (el mismo Rosatti es uno) que admitieron ser nombrados por un decreto de Macri, en franca violación de la Constitución Nacional que se supone que están llamados a respetar y hacer respetar.

 

4) La avanzada registrada en el día de la fecha seguramente no persigue cercar a Alberto Fernández, cuyo pensamiento y acción en este tema he señalado en el punto precedente sino, seguramente, a la vicepresidenta Cristina Fernández. Sin duda por cuanto es ella, en virtud de sus antecedentes de gobernante en favor de los intereses de la Patria y su pueblo, la que concita la preocupación del establishment local y de la embajada de EE.UU. Además de todo su significado como referente natural del grueso de la base electoral del peronismo, los sectores señalados no habrán olvidado que fue Cristina quien en el año 2013 logró que se apruebe en el Congreso un conjunto de leyes entre las que se encontraba la que dispuso la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Evidentemente un avance hacia la democratización del poder con mayor reminiscencia monárquica de los tres que componen la República que, no siendo digerido por los factores de poder fue la Corte, precisamente, la que se encargó de frenarlo declarando también su inconstitucionalidad.

 

5) CONCLUSIÓN: es imperioso que Cristina Fernández convoque inmediatamente a su pueblo para que, tomando las calles, tal como lo hiciera en el año 2017 para imponer a esta Corte y a Macri desandar el camino de convalidación de la ley del 2x1 que perseguía la liberación de los militares procesados por su responsabildad en la dictadura cívicoeclesiástica- militar, reponga ahora la plena vigencia del estado de derecho y la vigencia de la Constitución Nacional. Y también lo es que ese mismo pueblo movilizado, siguiendo a su conductora natural, imponga un furibundo cambio de rumbo al gobierno nacional. Un rumbo que permita satisfacer la deuda interna antes que la externa, que viabilice la recuperación de todas las herramientas que hacen a la soberanía nacional (nuestras vías navegables, las energéticas 4 insaciables, etc.), la protección de nuestros recursos naturales, la estatización del comercio exterior y la recuperación de los ahorros bancarios para destinarlos al fomento de nuestra industria en lugar de abastecer a la especulación financiera y las Leliqs. Es cierto, durante los doce años kirchneristas, entre sus muchos logros, no se registraron las medidas que aparecen ahora indispensables. Pero no lo es menos que, frente al avance descarado de tantos saqueadores de la inmensa riqueza de la Patria que, tras el gobierno macrista y la pandemia, siguen acumulando riqueza y generando una vergonzosa pobreza, no queda otro camino que ir a fondo. Es precisamente cuando la relación de fuerzas aparece desfavorable que, al revez de la tímida postura posibilista, no queda otro camino que avanzar a paso redoblado.

 

En definitiva para quienes somos peronistas, no se trata más que de retomar el camino luminoso que emprendió el General.

 

Tómas Pérez Bodria. Abogado integrante del MFSN

 

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