En la Argentina hay un debate sobre el llamado “Salario Básico Universal” y una movilización popular que ha venido creciendo. En el debate dentro del campo popular hay quienes sostienen que lo que se propone no es salario, ni básico, ni universal porque no está ligado a relaciones de dependencia, ni resuelve derechos humanos básicos, y sólo alcanza a un  porcentaje de la población. Como de era de esperar, en el campo del anti-pueblo se critica este proyecto con la remanida frase de que se intenta “alimentar vagos”

        Esta cuestión se viene debatiendo en Europa hace décadas bajo la forma de Ingreso Ciudadano y algunos teóricos marxistas como Gorz o Negri plantearon un Ingreso ciudadano universal trans-capitalista o sea no ligado al trabajo como mercancía sino generalizado y capaz de responder a las necesidades vitales. En América Latina las demandas son más modestas y en algunos casos se ha puesto en vigencia una renta básica o un ingreso básico de emergencia que equivale aproximadamente a la mitad del salario mínimo. Ejemplo de ello es el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) que se puso en práctica en la Argentina durante la pandemia y benefició alrededor de nueve millones de personas, en su gran mayoría trabajadorxs informales.

         Es poco oportuno discutir si se trata sobre un salario o un ingreso básico. La cuestión central en nuestra américa es la llamada “informalidad” o sea el trabajo no registrado o “en negro” que afecta cuando menos al 50% de la población en edad de trabajar. En rigor, aunque el desempleo abierto ronda el 10% en el subcontinente y el 7% en la Argentina, muy poca gente deja de hacer algún trabajo para sobrevivir. Y además una parte importante de los empleados formales están por debajo de la línea de pobreza. En este marco, y conforme al compromiso electoral de que los “últimos serán los primeros” en nuestro país se debaten algunos proyectos legislativos para erradicar la pobreza extrema, o sea la indigencia que es sinónimo de hambre. Más allá del nombre se trata de un ingreso básico compensatorio o complementario que beneficiaría a los hogares indigentes, a lxs trabajadores informales y a sectores con alto nivel de trabajo en negro, como peones rurales y empleadas domésticas y para ello se toma como base el padrón de los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo (AUH) y  del IFE que sólo rigió unos pocos meses.

        Las fuerzas de oposición más reaccionarias se oponen a este proyecto con el añejo argumento de que se pretende alimentar “vagos” y holgazanes. La realidad es muy diferente. Más de la  mitad de la población vive en la informalidad y realiza diversos trabajos, desde las tareas en “negro” para empresas, hasta “las changas” barriales, e incluyendo las “tareas de cuidado” de familiares o enfermos y en hogares y Comedores. La responsabilidad del trabajo “en negro” y la informalidad es de un gran capital concentrado e inescrupuloso, y secundariamente de un Estado que no garantiza derechos humanos básicos como los de alimentación y seguridad social.

           Por esto consideramos que la tarea principal del Gobierno es reducir el trabajo no registrado y avanzar en garantías para un empleo decente, es decir con seguridad social y salarios dignos. Los llamados “planes sociales” se deben mantener hasta que baje la informalidad, ser auditados por Universidades Públicas  y reorientarse hacia tareas productivas y de cuidado. El monotributo social, el Plan Potenciar trabajo y otros planes son perfectibles y seguramente se deberán mantener un largo tiempo porque el trabajo informal hace décadas que no retrocede.

            Y mientras tanto, de manera urgente, erradicar la situación vergonzosa de que en un país productor de alimentos haya cuatro millones de hambrientos según cifras oficiales. En este sentido, se debe apoyar el proyecto de salario básico universal

Daniel Cieza

Abogado- Sociologo-Profesor de la UBA Y LA UNLP