La Administración de Javier Milei demuestra en todo su accionar y propuesta cómo se convierte un país que posee fuentes de energía y produce alimentos, que cuenta con una mano de obra capacitada y disciplinada, en una factoría extractivista.

En 1949, John William Cooke como constituyente explicaba la imperiosa necesidad de la intervención del Estado en la economía y de la reforma de la Constitución nacional: “Las enormes concentraciones financieras —resultado fatal de la lucha por las materias primas y los mercados— crearon condiciones en que no pudo cumplirse con ninguno de los supuestos en que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de las grandes organizaciones capitalistas, de proyecciones mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica sino política. Este estado de cosas obliga a la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las fuerzas económicas”.

Arturo Sampay aseveraba: “Frente a la realidad de las empresas multinacionales y el imperialismo que estas ejercen sirviéndose del poderío de los Estados altamente desarrollados, el principio de la soberanía promueve y condiciona el progreso esencial del derecho internacional contemporáneo. Lejos pues de ser arcaico, el principio de la soberanía tiene una fuerza decisiva para mantener la paz e impulsar el progreso de los pueblos”[1].

El Capítulo IV de la Constitución nacional de 1949, compuesto por tres artículos, plantea la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. En el art. 38 dice que la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. En el art. 3 manifiesta que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Y en el art. 40, que toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios, para afirmar: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”.

Cuando Marc Stanley dice que la Argentina tiene lo que el mundo necesita, no deja que esos valiosos recursos se empleen para “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”. El peronismo de 1945 hubiera acuñado la consigna “Marc Stanley o Perón”.

Nota de Horacio Rovelli, en Cohete a La Luna de 22 de septiembre de 2024- Extracto de la nota Titulada: INSTRUCCIONES PARA CREAR UNA FACTORÍA