Por Carlos Medina GALLEGO (*)

I. EL ASCENSO DEL PROGRESISMO EN UN PAÍS FRAGMENTADO

Perú, a diferencia de otros países de América Latina como Brasil, Bolivia o México, no ha tenido una tradición fuerte de gobiernos progresistas estables. Más bien, ha sido escenario de una alternancia entre tecnocracias neoliberales, gobiernos populistas y experiencias autoritarias. Sin embargo, los problemas estructurales del país —como la desigualdad, la discriminación étnico-cultural, el abandono del campo y la precariedad de servicios básicos— generaron las condiciones para que surgiera un proyecto con raíces populares.

Pedro Castillo, representante del partido Perú Libre, llegó a la presidencia en 2021 con el apoyo de sectores rurales, andinos y excluidos. Su victoria fue posible gracias a una fuerte movilización popular y al rechazo a la candidata de derecha Keiko Fujimori, vinculada al legado autoritario de su padre y a múltiples escándalos de corrupción. Castillo, maestro rural y dirigente sindical, se convirtió en símbolo de la posibilidad de una transformación del país desde abajo. Sin embargo, no contaba con una mayoría legislativa, su partido tenía profundas divisiones internas y su equipo de gobierno carecía de experiencia política y cohesión ideológica.

II. LOS PARTIDOS TRADICIONALES COMO FUERZAS DE BLOQUEO

Uno de los principales obstáculos que enfrentó el gobierno de Castillo fue el rol de los partidos tradicionales y de derecha en el Congreso. Desde su juramentación, Castillo fue objeto de una feroz oposición parlamentaria liderada por Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y otras agrupaciones que lo acusaron de comunista, terrorista y promotor de una agenda desestabilizadora. Se instaló una narrativa mediática que buscó minar su legitimidad y posicionar la idea de una incapacidad total para gobernar.

En el Perú, el Congreso tiene facultades amplias para destituir al presidente por “incapacidad moral”, una figura jurídica ambigua que ha sido utilizada en múltiples ocasiones como mecanismo de presión política. Castillo enfrentó tres intentos de vacancia durante su breve gobierno, lo cual refleja el grado de inestabilidad institucional del país. Finalmente, en diciembre de 2022, luego de anunciar el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente —lo cual fue interpretado como un autogolpe— fue destituido y encarcelado, abriéndose una crisis política y social de grandes dimensiones.

La resistencia de las élites económicas, los medios de comunicación tradicionales y el poder judicial también jugó un papel central en la erosión del proyecto progresista. Se activaron mecanismos de lawfare (judicialización de la política) para investigar, hostigar y criminalizar a Castillo y a sus colaboradores, bajo el argumento de presunta corrupción. Sin embargo, muchos de estos procesos respondían más a la lógica de desarticulación del proyecto progresista que a una búsqueda genuina de justicia.

III. LOGROS Y LIMITACIONES DEL PROGRESISMO EN MATERIA SOCIAL

Pese a su breve gestión, el gobierno de Castillo intentó impulsar algunas políticas de justicia social. Se propuso una reforma del sistema de salud para fortalecer el primer nivel de atención, la mejora de las condiciones laborales de los maestros y un aumento del presupuesto para educación. Asimismo, se impulsaron programas de vivienda rural y se planteó una reforma tributaria para que las grandes empresas mineras pagaran más al Estado.

Sin embargo, muchas de estas iniciativas quedaron truncas por la falta de apoyo legislativo, la debilidad de gestión y la presión de los poderes fácticos. Además, el gabinete de Castillo sufrió constantes cambios, lo que impidió una dirección estratégica sostenida. Las contradicciones internas entre los sectores de izquierda popular y los cuadros más moderados también debilitaron la acción gubernamental. Se perdió una oportunidad histórica para articular una política pública transformadora desde el Estado.

El discurso de convocatoria a una Asamblea Constituyente, aunque apoyado por amplios sectores sociales, no se tradujo en una estrategia concreta que articulara al Congreso, los movimientos sociales y la ciudadanía. La desconexión entre el discurso y la acción, así como la falta de cuadros técnicos y políticos con experiencia, limitaron severamente las posibilidades de avance progresista.

IV. PERU: RELACIONES INTERNACIONALES Y SOBERANÍA

En el ámbito internacional, el gobierno de Castillo intentó acercarse a los gobiernos progresistas de América Latina, como Bolivia, México, Argentina y Venezuela. Reivindicó una política exterior soberana, con énfasis en la integración regional y el fortalecimiento de espacios como la CELAC y la UNASUR. También expresó su respaldo a las luchas de los pueblos indígenas y campesinos en el continente, buscando una alianza sur-sur en temas como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la defensa de los recursos naturales.

Sin embargo, estos esfuerzos se vieron obstaculizados por la presión de sectores conservadores que acusaban al gobierno de promover una agenda chavista y antidemocrática. Asimismo, el propio Castillo no logró consolidar una política exterior coherente, pues sus cancilleres fueron reemplazados en varias ocasiones y hubo contradicciones en los mensajes diplomáticos. La política de soberanía energética, minera y alimentaria fue declarativa, pero sin resultados concretos que cambiaran las reglas del juego del modelo extractivista vigente.

V. EL ACTUAL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE: UNA REGRESION AUTORITARIA

Tras la destitución de Castillo, asumió el poder su vicepresidenta Dina Boluarte, quien rápidamente rompió con el proyecto original y pactó con los sectores más conservadores del Congreso. Su gestión ha estado marcada por la represión violenta de las protestas sociales que exigían la renuncia del gobierno, elecciones anticipadas y una nueva Constitución. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y una criminalización masiva de la protesta.

Boluarte se ha alineado con las élites políticas y económicas que durante años bloquearon cualquier intento de reforma progresista. Ha abandonado por completo el enfoque de justicia social y ha implementado un gobierno autoritario, cerrado al diálogo, que profundiza la crisis de representación. Su legitimidad está altamente cuestionada, y las encuestas muestran un rechazo masivo de la ciudadanía.

Además, ha deteriorado las relaciones diplomáticas con países que criticaron la represión, como México, Colombia, Bolivia y Honduras, lo que ha aislado al Perú en el plano regional. Se ha restablecido una política exterior subordinada a los intereses de Estados Unidos y del capital transnacional, dejando atrás cualquier intento de autonomía y soberanía nacional.

VI. RETOS DEL PROGRESISMO EN EL PERÚ

El futuro del progresismo en el Perú enfrenta desafíos enormes. En primer lugar, requiere una profunda autocrítica sobre los errores cometidos durante el gobierno de Castillo: improvisación, falta de cuadros técnicos, escasa articulación con los movimientos sociales y ausencia de una estrategia de largo plazo. El progresismo no puede reducirse a una figura personal, sino que debe construir un proyecto político sólido, plural y democrático.

En segundo lugar, es imprescindible fortalecer las organizaciones sociales, los sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, y los espacios de articulación territorial. Solo con una base social movilizada, crítica y propositiva, será posible resistir los embates autoritarios y construir alternativas de poder popular desde abajo.

En tercer lugar, el progresismo debe trabajar por una nueva Constitución que supere el marco neoliberal impuesto en la carta magna de 1993, redactada bajo el régimen de Alberto Fujimori. Esa Constitución ha institucionalizado la lógica extractivista, la mercantilización de derechos y la exclusión política de vastos sectores sociales. Un nuevo pacto social debe colocar en el centro los derechos fundamentales, la plurinacionalidad, el respeto por la naturaleza y la democratización del poder económico.

Finalmente, el progresismo en Perú necesita nuevos liderazgos, capaces de generar confianza, articular mayorías sociales y políticas, y defender con claridad una agenda de transformación profunda. Esto implica trascender el caudillismo, los personalismos y los pactos oportunistas. Se requiere una izquierda popular, democrática y ética, capaz de aprender del pasado y proyectarse al futuro con audacia.

A MANERA DE CIERRE

El desarrollo de los gobiernos progresistas en Perú ha sido limitado, pero no por ello carente de sentido. La experiencia de Pedro Castillo puso en evidencia las demandas profundas de una sociedad marcada por el racismo, la desigualdad y la exclusión. Aunque su gobierno fue breve y estuvo lleno de dificultades, abrió un debate fundamental sobre el tipo de país que se quiere construir. El camino del progresismo en Perú está lleno de obstáculos, pero también de esperanzas. Su éxito dependerá de la capacidad de articular un proyecto político colectivo que recupere el sentido de justicia, dignidad y soberanía para los pueblos del Perú.

(*) Historiador- Analista Político