(*) CARLOS MEDINA GALLEGO

LLEGADA AL PODER Y EL TRIUNFO DEL CAMBIO

El ascenso de Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022 representa un hito en la historia política del país. Después de décadas de gobiernos conservadores o liberales, con administraciones aliadas a los intereses del gran capital, del latifundismo y de las políticas de seguridad alineadas con Washington, Colombia eligió a un exguerrillero del M-19, exalcalde de Bogotá y reconocido líder progresista.

Este triunfo fue posible gracias a una amplia alianza electoral del progresismo con sectores sociales, sindicales, campesinos, afrodescendientes, feministas, ambientalistas y de juventudes urbanas. El Pacto Histórico, más que un partido tradicional, fue una coalición plural, con la promesa de un cambio real en materia social, ambiental, económica y de paz.

Petro obtuvo más de 11 millones de votos en segunda vuelta, venciendo al representante del uribismo, Rodolfo Hernández, un outsider que recogía parte del voto antipolítico. El triunfo de Petro simbolizó no solo una ruptura con el pasado, sino también una esperanza para sectores históricamente marginados del poder.

OPOSICIÓN DE LOS PARTIDOS TRADICIONALES Y DE LAS ÉLITES OLIGÁRQUICAS.

Desde el primer día de su mandato, el gobierno progresista ha enfrentado múltiples obstáculos. En primer lugar, el Congreso, dominado por partidos tradicionales y sectores de derecha, ha sido una trinchera de contención para las principales reformas sociales. Aunque al inicio del gobierno hubo una “luna de miel” legislativa que permitió aprobar algunas iniciativas claves como la Reforma Tributaria y la Reforma al Código Electoral, posteriormente las reformas estructurales —la de salud, la laboral y la pensional— han tenido un difícil trámite por la acción obstructiva de los partidos tradicionales.

A ello se suma el papel del Poder Judicial, especialmente la Corte Constitucional y la Procuraduría, en limitar decisiones del Ejecutivo, y el activismo político del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa,  que se convirtió, hasta su salida en 2024, en un claro actor opositor. Además, sectores empresariales, medios de comunicación concentrados y grupos económicos han desplegado una fuerte campaña mediática y simbólica de desgaste del gobierno, con narrativas de miedo al “castrochavismo”, la supuesta inseguridad jurídica para la inversión y la pérdida de libertades.

LOGROS EN DERECHOS, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ

A pesar de los bloqueos, el gobierno progresista ha logrado avances importantes en materia de derechos y justicia social. En primer lugar, su enfoque de gobierno ha priorizado a los sectores excluidos. La creación del Ministerio de la Igualdad, liderado por Francia Márquez, es un hito simbólico y político. Nunca antes una mujer afrodescendiente había ocupado un cargo tan alto en el Estado, y desde allí se ha impulsado una agenda de justicia racial, étnica y de género, pese a las contradicciones que han sufrido en los últimos meses.

En materia de salud, aunque la reforma estructural fue hundida, se han ampliado los recursos y se han fortalecido los modelos de atención preventiva en regiones marginadas. En educación, se han implementado medidas para garantizar matrícula gratuita en universidades públicas y se han propuesto planes de universalización del acceso educativo rural.

En el campo de la paz, el gobierno ha relanzado con decisión la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que había sido saboteado durante el gobierno de Iván Duque, y ha apostado por una Paz Total, que incluye negociaciones con el ELN, la Segunda Marquetalia y otros grupos armados. Aunque con dificultades, los diálogos con el ELN avanzaron y se declaro un cese al fuego bilateral prolongado que llevo alivio a la regiones, hasta que las conversaciones se detuvieron y la organización volvió a la guerra.

Asimismo, se han ampliado los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y se ha impulsado una política de drogas más humanitaria y menos punitiva, que reconoce los derechos de las comunidades campesinas.

LIMITACIONES DEL GOBIERNO PROGRESISTA.

Las limitaciones del gobierno no solo se deben al bloqueo institucional y mediático, sino también a problemas internos. El Pacto Histórico carece de una estructura de partido sólida, lo que ha generado descoordinaciones, contradicciones entre sus líderes y falta de unidad programática. La improvisación en algunos nombramientos y la inexperiencia de parte del equipo de gobierno han generado crisis políticas innecesarias.

Además, algunas iniciativas, como la reforma a la salud, aunque necesarias, han carecido de mayor concertación con actores claves, generando resistencias incluso en sectores sociales aliados. La complejidad del Estado colombiano, sus redes clientelares y la tecnocracia institucional han sido un obstáculo para la transformación profunda que se propone.

Por otro lado, la violencia no ha cesado. Persisten masacres, asesinatos de líderes sociales, presencia de grupos armados en territorios periféricos, y las economías ilegales continúan reproduciéndose ante la débil presencia estatal. La Paz Total, aunque ambiciosa, ha tenido resultados mixtos, y no todos los actores han mostrado voluntad real de abandonar la violencia.

RELACIONES INTERNACIONALES Y EJERCICIO DE SOBERANÍA

En política exterior, el gobierno de Petro ha marcado un giro respecto a sus antecesores. Se ha alejado del alineamiento automático con Estados Unidos y ha buscado una política más autónoma, enfocada en la integración latinoamericana, el multilateralismo y la defensa del medio ambiente.

Colombia ha retomado relaciones diplomáticas con Venezuela, interrumpidas por el gobierno anterior, y ha jugado un papel activo en la reconfiguración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UNASUR. Petro ha sido una voz fuerte en foros internacionales como la ONU y el Foro de Davos, donde ha abogado por una transición energética justa, por el fin del extractivismo depredador y por el cuidado de la Amazonía como bien común de la humanidad.

Sin embargo, esta agenda de soberanía también ha generado tensiones. La propuesta de suspender la exploración petrolera nueva ha provocado fricciones con sectores económicos y con Estados aliados. También, su postura crítica hacia Israel en el contexto del genocidio en Gaza ha tenido consecuencias diplomáticas, incluyendo la ruptura de relaciones bilaterales en 2024.

RETOS ACTUALES DEL GOBIERNO PROGRESISTA.

El gobierno del Pacto Histórico enfrenta hoy desafíos gigantescos. En el plano interno, deberá consolidar su gobernabilidad en un Congreso hostil, construir consensos mínimos para avanzar en las reformas estructurales pendientes y sostener la coalición social que lo llevó al poder.

Además, debe traducir su discurso en resultados concretos en salud, educación, seguridad, justicia ambiental y redistribución. El éxito o el fracaso del progresismo en Colombia dependerá de su capacidad para mejorar de manera tangible la vida de millones de colombianos excluidos.

Otro reto crucial es avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz, acelerar la reforma rural, garantizar la seguridad de los líderes sociales y retomar el control del territorio frente al poder de las economías ilegales.

En el plano político, el progresismo debe avanzar en la construcción de una estructura partidaria moderna, democrática y ética, capaz de trascender el liderazgo carismático de Petro. Solo así se podrá asegurar la continuidad del proyecto transformador más allá de 2026.

En el ámbito internacional, el gobierno debe seguir tejiendo alianzas con el Sur Global, participar activamente en escenarios de cooperación regional, y defender una agenda de soberanía energética, ambiental y tecnológica frente a los intereses de las potencias globales.

UNA OPORTUNIDAD INÉDITA EN DISPUTA

Colombia vive un momento histórico inédito. Por primera vez, sectores populares y progresistas han llegado democráticamente al poder con una agenda de transformación estructural. Sin embargo, el poder real sigue estando en manos de élites profundamente antidemocráticas, que han hecho del sabotaje institucional, mediático y económico su principal estrategia de oposición.

El gobierno de Petro y el progresismo colombiano tienen ante sí la responsabilidad de demostrar que es posible gobernar con justicia social, con respeto a la vida y con redistribución de oportunidades. Pero también tienen el desafío de no caer en prácticas clientelistas, de evitar la dispersión interna y de construir un proyecto político duradero, participativo y ético.

La historia aún no está escrita. El progresismo puede ser una etapa pasajera o el inicio de un nuevo ciclo de democratización en Colombia. Mucho dependerá de su capacidad para sumar, corregir, dialogar y, sobre todo, cumplir con la esperanza de cambio que millones de colombianos depositaron en él.

 (*) Historiador- Analista Político