Por Giovanne Ramos

Sudáfrica ha calificado de "profundamente defectuoso" el informe anual sobre derechos humanos publicado por Estados Unidos, que destaca un "deterioro" en la situación del país. Esta reacción se produce pocos días después de que el gobierno de Donald Trump impusiera aranceles del 30% a gran parte de las exportaciones sudafricanas.

En el documento, el Departamento de Estado acusó a la capital, Pretoria, de tomar una "medida preocupante" para expropiar tierras a los afrikáneres y cometer abusos contra las minorías raciales, es decir, la población blanca del país. La ley, promulgada en 2025 por el presidente Cyril Ramaphosa, prevé la expropiación sin compensación en casos excepcionales, con el objetivo de abordar la concentración de tierras en manos de terratenientes blancos, tres décadas después del fin del apartheid.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica declaró que el informe "no refleja la realidad" de la democracia constitucional del país. Pretoria sigue buscando un acuerdo con Washington para preservar decenas de miles de empleos en los sectores agrícola, automotriz y textil, que dependen en gran medida del mercado estadounidense.

Brasil en la mira de Washington

El mismo informe también señaló que la situación de los derechos humanos en Brasil se “deterioró” en 2024. La acusación se produjo días después de que Estados Unidos aplicara aranceles del 50% al país, justificados por Washington como una reacción a la supuesta “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro (PL).

Según el texto, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) ha "minado el debate democrático" y reprimido de forma "desproporcionada" las manifestaciones de simpatizantes de Bolsonaro , así como de periodistas y políticos. El documento cita medidas del Supremo Tribunal Federal, que Washington considera "desproporcionadas" para limitar la libertad de expresión en internet.

Brasil aparece, junto con Venezuela y Nicaragua, como ejemplos del deterioro de los derechos humanos en América Latina. En contraste, el informe elogia el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, afirmando que no existen registros fiables de abusos significativos en el país, una afirmación cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

Acusaciones de selectividad y omisiones

Amnistía Internacional de Estados Unidos también criticó duramente este enfoque y afirmó que la administración Trump realizó una documentación "muy selectiva" de las violaciones, eliminando secciones enteras en algunos países, como la discriminación contra las personas LGBTQ+, y omitiendo datos arbitrariamente.

Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales y defensa de los derechos humanos de la organización, dijo en un comunicado que "nunca antes los informes habían llegado tan lejos al priorizar la agenda política de un gobierno por encima de la información consistente y veraz sobre las violaciones en todo el mundo".

La organización dijo que el Departamento de Estado suavizó las críticas a ciertos países, ignoró los abusos en otros y redujo el contenido bajo el pretexto de que “menos es más”.

Según Klasing, esta postura transmite un mensaje preocupante: Estados Unidos está dispuesto a ignorar ciertas violaciones, dejando a las víctimas y a los defensores de derechos humanos sin apoyo internacional. Añadió que esta omisión socava la credibilidad de Estados Unidos en este asunto y prioriza la política sobre la vida humana.

13 de agosto de 2025