Por Néstor Piccone

Presidente del Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación. Codehcom

Hay periodistas, políticos, inclusive militantes del campo nacional y popular que creen y difunden que Macri derogó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios. Es un error que limita su efectiva aplicación.

El Lawfare o la mentira a través de los Medios no es sólo un fenómeno dirigido a perseguir judicialmente a los dirigentes; es una herramienta utilizada para confundir e inclusive para bajar la estima de quienes luchamos por el Derecho a la Comunicación.

En ese  error en el que se cae comúnmente, entonces cuando nos dejamos llevar por la agenda y la ideología de los medios hegemónicos sin apelar al pensamiento crítico o repetir aseveraciones sin chequear ni investigar. Sin temor a dudas podemos apelar a la comparación con lo que sucede en una guerra cuando entre dos contendientes uno de los dos pierde porque se dejó atravesar por el discurso del enemigo.

Una demostración de que la Ley está vigente queda en evidencia cuando analizamos la lucha de los medios autogestivos. Si pueden hoy luchar por su continuidad es que en algún momento lograron la legalidad y eso sucedió con la promulgación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La lucha por una legislación democrática para la comunicación audiovisual nació apenas se recuperara la democracia en 1983.

Esa gesta surgió de un puñado de organizaciones de comunicadores, de radios FM, las por entonces famosas radios truchas. Ese grupo tuvo la inteligencia unir a casi todas las organizaciones sindicales del país agrupadas por entonces en la CGT dirigidas por Hugo Moyano y la CTA de Víctor De Gennaro. Que sumó a los movimientos sociales enrolados en la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D´Elía, el Movimiento Evita de Emilio Persico y la juventud de Libres del Sur. Unidos bajo 21 Puntos esa unidad se consolidó bajo el nombre de la Coalición por una Radiodifusión Democrática  en el camino de su campaña recogió apoyos de Legislaturas Provinciales, Consejos Deliberantes convirtiendo una demanda por la libre expresión y el derecho a la información que en los años 2008/09 logró convertirse en una causa nacional.

La Ley 26522 entrañaba dos pilares: uno era darle visibilidad y legalidad a los medios comunitarios, cooperativos, sindicales de Pueblos Originarios, universitarios, estatales municipales y provinciales.

La Ley de la dictadura, ratificando el concepto de que la comunicación es un negocio prohibía el acceso a las licencias  a aquellas empresas u organizaciones que no persiguieran un fin de lucro.

Este principio aberrante fue el primer logro de la Ley y es un concepto que no fue ni podrá ser derogado. La Comunicación es un derecho de todos los ciudadanos no de las empresas.

El sujeto social que dio cuerpo a la Ley tenía como objetivo lograr que se cambiara el paradigma comercial y se logró con creces.

Si al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se le pide una nueva ley difícilmente accedan a meterse en ese brete. La debilidad frente a los grupos mediáticos nacionales y transnacionales es muy grande.
Pero sin embargo si los pueblos en su infinita paciencia pudieran volver a expresar sus demandas en cuanto a la comunicación pedirán (como muchos lo estamos comenzando a realizar)  que se garantice la Sostenibilidad del sistema de Medios reconocido por la Ley. Y es el Estado quien debe hacerlo. Como lo hace con la educación Pública. Los Medios –Todos- son públicos y por lo tanto es la sociedad organizada en el Estado la que  debe garantizar la posibilidad de su existencia, sostén, capacitación, formación y tecnificación.

El artículo 153 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente faculta al Poder Ejecutivo a aplicar políticas públicas estratégicas para la promoción y defensa de la industria audiovisual nacional en el marco de las previsiones del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

La pospandemia requerirá de muchas voces para atender la multiplicidad de demandas que crecerán como consecuencia de una depresión económica que tendrás muchas similitudes con las que se vivió hace casi un siglo atrás.