“Sí la deuda es ilegítima, la deuda no es exigible”. “El Lawfare es para que el imperialismo se apropie de los recursos naturales de su patio trasero”. “Para el preso político es muy doloroso el tiempo que transcurre de pérdida de libertad cuando se está en un sistema democrático y de vigencia del Estado de Derecho y con un Gobierno Popular electo por voto y consenso popular”. “Con el Artículo 42 de la Constitución nacional se podría desestimar totalmente la impugnación de inconstitucionalidad alentada por el Grupo Clarín y sus lacayos letrados”.

Esas fueron algunas de las definiciones más incisivas que dio el prestigioso constitucionalista Eduardo Barcesat, durante un conversatorio mantenido con la agrupación Populismo K.  “El Lawfare  o guerra judicial  es una creación de la academia militar estadounidense para proseguir la represión y la persecución política por otros medios” y lo definió como una continuidad de “la doctrina de la Seguridad Nacional” que ahora, como “las muertes, los bombazos, las desapariciones forzadas, las torturas, los centros clandestinos de detención, no tienen muy buena prensa” , debieron recurrir a nuevos medios “que puedan ser igualmente destructivos y mortíferos“  pero que son más asimilados por la opinión pública internacional.

El abogado defensor de Madres de Plaza de Mayo explicó que este esquema de dominación política se arma con una alianza entre “los servicios de espionaje, el poder económico domínante, los medios de comunicación hegemónicos y lo que es quizá lo más importante y lo más doloroso: la pata podrida del poder judicial”.  Como emergente local del Lawfare, Barcesat mencionó a Claudio Bonadío, juez que impulsara la mayoría de las causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y alguno de sus funcionarios más encumbrados como Julio De Vido.

 “Bonadío, que no es un autor muy recomendable, además de ya fallecido, sostenía que él se guiaba por un ‘proceso creativo’, lo que traducido significa: no me importa lo que diga la Constitución Nacional en materia de presunción de inocencia, de defensa en juicio de las personas y los derechos, de igualdad en la contienda judicial entre las partes, en todo esto no me baso, no me importa”, ejemplificó Barcesat.

El prestigioso jurista explicó entonces que existen dos organizaciones internacionales de lucha contra estas prácticas fraudulentas, persecutorias y antidemocráticas: el Lawfare Institute y la Commission Forum. “Esta –prosiguió su explicación- es la forma que tiene actualmente el Imperialismo de proteger su   patio trasero y de custodiar las riquezas y recursos naturales, que los tratados internacionales de Derechos Humanos dicen que son de titularidad de los pueblos”.

Con el Lawfare logran que esos recursos queden a “disposición del saqueo de las empresas del capitalismo financiero internacional”. Y concluyó: “No nos engañemos. Todo esto es para que se apropien de los hidrocarburos, se apropien de las tierras con aptitud rural, los alimentos; se apropien del agua potable de la que el continente americano es el mayor reservorio, particularmente la Argentina; para apropiarse de los minerales estratégicos para el desarrollo científico tecnológico, que son la sílice y el tungsteno”.

Barcesat contó entonces que presidirá un tribunal de Ética que tiene como objetivo conocer como ha operado esta metodología judicial mafiosa y hasta qué punto ha permeado los aparatos judiciales, que en el mes de noviembre debía tener su pronunciamiento en Madrid, España, pero que a causa de la pandemia no ha podido tomar testimonios de las víctimas.

Como anticuerpo de las sociedades a este flagelo, el defensor de los DD.HH. mencionó a la tarea comunicacional con fines de esclarecimiento de estas situaciones. “Es una tarea para todo argentino de bien”, sostuvo y reafirmó que “si no se comunica y no se comunica bien, no existe”, por lo tanto “necesitamos multiplicar los medios alternativos de comunicación social para poder llevar adelante la campaña, demostrando los problemas reales y quiénes son también los enemigos reales de la igualdad, la inclusión y del progreso en nuestro continente”. 

En este punto, quien fuera convencional constituyente de la Reforma de la Constitución en 1994, se refirió a la Ley de Medios, que fue impedida de aplicar en su totalidad por los cautelares de los monopolios mediáticos. Barcesat aseguró que la carta magna argentina asegura el éxito total en la defensa de la ley derogada por decreto pro Mauricio Macri a poco de asumir a su gobierno.

“El artículo 42 expresa que tres poderes del Gobierno Federal deben prevenir e impedir la formación de monopolios naturales o legales y deben asegurar que en la relación de consumo o de uso, haya información adecuada y veraz”, con lo cual, afirmó Barcesat, ese argumento sería más que suficiente para “desestimar totalmente la impugnación de inconstitucionalidad alentada por el Grupo Clarín y sus lacayos letrados”.

Barcesat describió entonces un fenómeno argentino que le resulta inexplicable: el abismo que hay entre lo que marca la ley y su cumplimiento en los hechos. “En materia de derechos consagrados nos igualamos a los países escandinavos, pero la situación interna, la desigualdad, la miseria, la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y la represión de las libertades civiles y políticas, transcurren con una brutalidad impensable, al mismo tiempo que en el plano constitucional tenemos una de las mejores situaciones”. Y concluyó que la obra de ingeniería social para poner en vigencia esos tratados incorporados en la Constitución Nacional en la vida material de los sujetos, es la obra pendiente.

Esa tarea inconclusa para Barcesat, sin embargo, se materializará, pero no por una nueva reforma constitucional, sino por el indispensable paso de constituir un “bloque social hegemónico que porte el proyecto de la liberación. No basta con que se encierre en un cenáculo a cinco juristas progresistas, ilustrados, que redacten un texto constitucional modelo, sino que haya un pueblo, un todo, que porte ese proyecto y que sea parte hacedora de él”. Y explicó que ese proyecto de reforma debe surgir de toda la estructura social y cada una de las articulaciones sectoriales. “Desde los jardines de infantes hasta los geriátricos” deberán ser parte, graficó.

Barcesat, recibido de abogado a sus 22 años (tiene 80 en la actualidad) aseguró luego que es inexorable la confluencia entre un capitalismo de Estado distributivo y un Socialismo de “vereda ancha” para llevar adelante una transformación que cambie el orden social imperante. Que las contradicciones no las va a resolver el capitalismo financiero internacional, todo lo contrario, que la pandemia lo puso en evidencia, pero que si no se logra un equilibro con la naturaleza no se va a “llegar a ver ese mundo del futuro para las generaciones venideras”.

En este punto, Barcesat se refirió a un tema que figura entre las prioridades del gobierno nacional y la agenda política nacional: la deuda externa. “Si la deuda es ilegítima, la deuda no puede ser exigible y en todo caso deben ser responsabilizados los ex funcionarios que contrajeron esa deuda, a espalda de las incumbencias que define la Constitución Nacional”.

El jurista fundamentó esta posición con hechos y argumentos concretos. Primero, explicó que el endeudamiento no fue aprobado por el Congreso de la Nación y recordó que no bien iniciado el año 2016 se produce el  pago a los fondos buitres por 16.000 millones de dólares, “un desembolso se hace contrariando  la doctrina vigente hasta hoy de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, que sostuvo  que la sentencia del juez de Nueva York que falló contra el país, Thomas Griesa, eran nulas y lesivas del Orden Publico Constitucional argentino y que, por lo tanto, no se le podía otorgar el complimiento”.

En base a esta sentencia el propio Barcesat en marzo del 2016 inició la denuncia contra el que definió “este latrocinio hecho por la gestión Macri”. Y recordó que en esa denuncia se presentó a declarar espontáneamente en la causa el Ex -CEO de la banca estadounidense JP Morgan, Hernán Arbizu, quien informó que el 85 % de la titularidad de esos fondo buitres eran de argentinos, “comenzando por el (ex funcionario macrista) Alfonso Prat-Gay”.

El referente de Populismo K que realizó la entrevista a Barcesat le preguntó también sobre las reciente tomas de tierras en distintos puntos del país. Al respecto, el jurista expresó que “lo que interesa es que no hay vivienda digna y que hay que resolverlo. Para resolverlo hay que hacer política de Derechos Humanos y no catálogos porque esto se resuelve con recursos materiales o inversiones”, afirmó tajante.

Por último, el doctor Barcesat se refirió al caso de los “detenidos arbitrariamente”, según la definición del presidente Alberto Fernández. “Ser preso político en una dictadura o en un estado de excepcionalidad institucional como lo fue el gobierno de Macri, le brinda al compañero, al militante, la convicción de que esta ahí porque él luchó contra ese régimen, pero que es muy doloroso el tiempo que transcurren de pérdida de libertad cuando se está en un sistema democrático y de vigencia del Estado de Derecho y con un Gobierno Popular electo por voto y consenso popular”.

Barcesat, quien es referente del Foro por la Libertad de los Presos Políticos, instó entonces a no dejar de bregar para concluir con las persecuciones “de que son víctimas esos compañeros” y que es consciente que recuperar la libertad “no les va a devolver la vida que le quito la prisión”.