Johanna tomó el profundo dolor por la pérdida de su hijo, marcada por el destrato y la violencia del sistema de salud, y lo resignificó hasta convertirlo en un abrazo colectivo. La iniciativa que hoy lleva su nombre busca garantizar procedimientos y establecer criterios médicos para la atención de estos casos. 

“Cada vez que contaba mi historia alguien se acercaba y me decía que le había pasado lo mismo”, dice Johanna cuando recuerda uno de los momentos más duros que le tocó vivir: la muerte de su hijo deseado en la semana 33 de gestación. La noticia de la pérdida de ese embarazo se convirtió en una tortura: el sistema médico sin protocolos para acompañar la muerte perinatal la empujó a parir en una sala de maternidad, la llamaron “mamita” en varias oportunidades y nadie le brindó la contención psicológica ni la información pertinente sobre los procedimientos médicos a los que fue sometida.

Johanna tardó tres años en encontrar un acompañamiento adecuado y poder procesar su duelo. Allí descubrió que había sido víctima de múltiples violencias y demandó a la clínica donde fue atendida. Hoy trabaja para que se apruebe el proyecto bautizado como Ley Johanna, que busca establecer “Procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal”.

Era 2014 y Johanna Piferrer cursaba un embarazo completamente normal. Los únicos malestares que recuerda son los típicos de la gestación, algún día con acidez, otro con náuseas y no mucho más. En su casa ya tenía el cuarto preparado para Ciro. En la semana 33 arrancó con los monitoreos, los controles de salud que se hacen en el último tramo del embarazo. Y ahí recibió la peor noticia: el corazón del bebé había dejado de latir.

“A partir del momento en que la ecografista me dice que Ciro estaba sin vida empezó un camino tortuoso. Me llevaron a una sala de maternidad y me intentaron convencer de acceder a un parto vaginal cuando yo pedía una cesárea. Nadie me decía qué había pasado ni cuáles eran los procedimientos a los que debía someterme. Solo recuerdo que de las otras habitaciones se escuchaba el llanto de los recién nacidos”, cuenta Johanna, casi siete años más tarde.

Johanna recuerda también que cuando se negó al parto vaginal, porque no estaba preparada, lo que siguió fue un enorme destrato. “Entonces esto deja de ser una urgencia, vamos a planificar una cesárea para otro día”, le contestaron. También recuerda que tuvo “privilegios”, que por tener una amiga abogada logró contactarse con el director del hospital para pedir una intervención urgente. Eran las 12 de la noche y ella llevaba todo el día internada con su hijo muerto adentro del vientre.

“Me llevan a la sala de parto sin ningún tipo de información. Me aplican la epidural y me atan las manos. Pedí asistencia psicológica y no la tuve. Después de la operación empecé con la bajada de leche y nadie me explicó nada. Sólo vino una enfermera que me llamó mamita y dijo que me tenía que apretar las tetas”, continúa su relato.

A Johanna le costó tres años atravesar el duelo por la pérdida de su hijo. La falta de contención adecuada y de empatía hicieron que ese camino fuera más largo. “Me tocó atravesar la situación en absoluta soledad porque tu realidad no condice con la respuesta que te brinda el sistema de salud ni con la contención que te da la sociedad. Me decían que no era para tanto, que por suerte no me lo había llegado a llevar a mi casa, qué mejor que fue antes y no después, que ya iba a tener otro. Me hablaban de la pérdida de un embarazo como si hubiese perdido una llave”, agrega.

Violencia obstétrica y el camino judicial
Johanna cuenta que quedó sumida en una absoluta tristeza, “muy aturdida y extremadamente vulnerable”, dice. Cuenta también que lo único que la salvó fue crear redes, descubrir que había otras mujeres que parían sin vida y que sus historias eran muy parecidas, siempre presente el destrato y la violencia del sistema de salud.

Ese mismo año, Johanna decidió denunciar a la clínica privada donde fue atendida, de la que prefiere no dar el nombre hasta que no termine el proceso judicial. En esa primera etapa la Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) dictó una resolución sobre violencia obstétrica y exhortó a la institución a capacitar a sus profesionales y a disponer de un lugar físico, separado de la sala de maternidad, para tratar casos de muerte perinatal. “Todo fue minimizado por la clínica, dijeron a todo que sí pero no hubo ningún cambio. Me sentí revictimizada”, agrega Johanna, que decidió ir más lejos y denunciar a la institución por daños y perjuicios. Lo hizo amparada en la ley de Parto respetado, la ley de Violencia de género y la ley del Derecho del paciente.

El primer tribunal que tomó la denuncia no entendía cuál era el planteo por daños y perjuicios dado que no había una lesión física. “En ese razonamiento típicamente judicial no se concibe al maltrato o al trato deshumanizado como una generación de daños. Sólo asocia daño con acción física”, explica Vanina Panetta, la abogada que representa a Johanna e integra la Red de Abogadas Feministas (Abofem).

Para Panetta, este tipo de respuestas demuestran como todavía la Justicia es “un bastión del sistema patriarcal” por lo que además de insistir con la demanda le propuso a Johanna convertir su caso en una ley, un proceso colectivo de lucha. “La salida siempre es colectiva. La demanda va a terminar resolviendo un caso puntual, pero es el consenso de muches lo que genera un cambio de paradigma”, opina la letrada.

La causa de Johanna se transformó en la primera demanda de violencia obstétrica a la muerte perinatal por daños y perjuicios, por lo que podría sentar un precedente.

Hacia una ley que contemple la muerte perinatal
La respuesta colectiva, esa de la que habla Panetta, encontró forma en un proyecto de ley que se presentó por primera vez en 2017 y perdió estado parlamentario. El proyecto de Procedimientos médicos-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal (1313D/2021), conocido también como Ley Johanna, fue representado esta semana por la diputada Cristina Alvarez Rodríguez, del Frente de Todos.

El objetivo de la ley es garantizar procedimientos y establecer criterios médicos para la atención de casos de muerte perinatal; entendiendo muerte perinatal cuando ocurre entre la semana 22 de gestación y hasta una semana posterior al nacimiento. “La ley garantiza que quienes atraviesan esta situación reciban atención profesional integral, técnica y humanizada, que acompañe en el proceso de duelo”, sostiene el proyecto.

“En la semana del parto respetado buscamos que los procedimientos sean adecuados y sensibles para quienes atraviesan esta situación dolorosa”, sostiene la diputada Alvarez Rodríguez, que aboga por el derecho de las mujeres y personas gestantes a recibir información y tener un trato respetuoso respecto de la intimidad, a tomar contacto con el cuerpo sin vida si así lo deseara, a contar con acompañamiento psicológico, a tener información sobre lactancia -ya sea inhibición o donación- y a no ser sometida a ningún examen cuyo propósito sea el de investigación.

“Somos el grito de las que parimos invisibilizadas”, dice por último Johanna, al ver convertido su dolor en un abrazo colectivo. En el camino por el proyecto de ley se crearon redes entre psicólogas perinatales, abogadas y organizaciones de mujeres de diferentes espacios políticos y se juntaron más de 5000 adhesiones.