Juan Alfredo González (*)

El neoliberalismo impuesto por la Dictadura cívico militar, con el Golpe al Estado de Derecho Democrático en 1976, destruyó la estructura básica del Contrato Social, establecido en el sobreviviente artículo 14 bis de la constitución nacional. De facto estructuraron el “Estado de Derecho a la Dominación”; entendiendo que, Dominación viene del latín Dominium, en sus dos acepciones. Una, significa “propiedad” y la otra es, “hacer uso libérrimo del dominio, de su propiedad”.

Aquí están las dos cuestiones básica de la dominación colonial, el “derecho a la propiedad sin límite” y a la explotación de los bienes y del trabajo en su propiedad. Es conocida la frase en nuestros pueblos, de que “los terratenientes son dueños de todo lo que está plantado y camina en sus tierras”; que incluye, a los seres humanos, en la explotación esclava desde sus orígenes.

La Democracia, no es simplemente un sistema de representación política, ni mucho menos, un sistema de delegación del poder ciudadano, como nos impone el republicanismo capitalista. La democracia, es universalización de los Derechos de la ciudadanía, partiendo de la Libertad. De aquí, que la Democracia nació con la abolición de la esclavitud y con la reforma agraria en Atenas. La inclusión social, tiene el objetivo de universalización del Derecho a la libertad, por lo tanto, a ser propietario de su lugar y de su Trabajo para vivir (Vivienda y  del ingreso de su trabajo). Tierra, Techo y Trabajo son derechos universales.

En el sistema capitalista, la universalidad del Trabajo es el pleno empleo; que, en nuestro país, el artículo 14 bis define claramente el rol del Estado en garantizarlo. Por ello, un Estado de Derecho democrático, garantiza la universalización del trabajo (empleo); el cual, es un derecho individual, pero que, su ejercicio es colectivo. Tanto que, su ejercicio solo podemos asumirlo desde la Democracia sindical. Y, en cuanto, al derecho a la libertad ciudadana, también se ejerce colectivamente, organizando nuestra comunidad, urbana y rural.

Tenemos en claro, que la Dictadura cívico militar del 76, para imponer el dominio violentó la institucionalidad democrática destruyendo las organizaciones de trabajadores y de la ciudadanía popular, hasta el genocidio de dirigentes, militantes y pensadores democráticos. Pero, fundamentalmente rompiendo con el Contrato Social, fortaleciendo la propiedad concentrada de los medios de producción y profundizando, la precarización laboral al extremo de la esclavización. Así, la Dictadura estructuró un Estado colonial, garantizando la apropiación de tierras (territorios), de bienes naturales, explotación del trabajo, saqueo de riqueza, desindustrialización, dependencia financiera; consolidando, además, la dependencia colonial con endeudamiento, especulación financiera y fuga de capitales.

Con la recuperación formal de la Democracia, Alfonsín inició el restablecimiento del funcionamiento republicano del Estado de derecho, poniendo la responsabilidad central en la Junta militar, en los ejecutores del genocidio, pero, no pudo con los cívicos del poder real, con la estructura de la dominación. Tanto es así,  que estos, demuestran que ya no necesitan de los militares para imponer su dominio; ahora, lo hacen con golpes de mercado, hiperinflacionario, de precios y dólar. Acción que, significo la pérdida de su gobierno, sino el condicionamiento al gobierno entrante.

El movimiento popular, en las elecciones de 1989, convocó al proyecto democrático, nacional y popular, con el Salariazo (shock distributivo), revolución productiva (producción agraria e industrial para el desarrollo nacional) y Cultura del Trabajo (volver a la política el pleno empleo). Aquí, traicionando el proyecto y al movimiento popular, Menem da un golpe al Estado de Derecho Democrático con las Leyes de Emergencia Económica y Administrativa; generando un quiebre ético moral, político social, de cultura cipaya, principal objetivo de la dominación. Consolidando en democracia, aunque formal, la ruptura del Contrato Social, convirtiendo en obsoleto el artículo 14 bis.

Con los súper poderes de las leyes de Emergencias, violentaron el Estado de Derecho constitucional, estructurando un Estado neocolonial en nuestro país; no solo privatizando las Empresas públicas estratégicas, de nuestros bienes naturales con la extranjerización de la tierra sino desnacionalizando. Así, se estructuró el dominio sobre el sistema de transporte para el saqueo (vías navegables de la Cuenca del Plata) y de transferencia de capitales a las cuevas fiscales.

Y fundamentalmente, garantizando el enriquecimiento de las clases dominantes con la explotación del Trabajo, violentando todos los derechos constituidos en el artículo 14 bis. Logrando la “naturalización de la flexibilización y precarización laboral” convirtiendo el desempleo en desocupación, debilitando colectivamente a la clase trabajadora, incapacitándola de negociar, cuya consecuencia son la pérdida de los Salarios y de las condiciones laborales,  provocando  el aumento sistemático de la Pobreza y la indigencia.

Todo este sistema de dominación nació con la conquista y colonización de nuestro continente, que llamaron América. Y la ofensiva neoliberal de la Dictadura genocida del 76 fue en toda nuestra región. Por ello, no se puede liberar solo cada pueblo, cada país; y, tal como fue en la lucha por la independencia, es necesario la liberación de los pueblos de la Patria Grande. Y demostramos, en este tiempo, que es posible, cuando derrotamos el proyecto de dominación continental de EEUU, el ALCA.

Sabemos que solo modificando esta estructura de dominio podremos avanzar en la universalización de los derechos. El poder dominante (corporaciones empresariales) decide de facto, totalmente sobre su sistema de acumulación y saqueo; fijando, Precios, salarios y también, el dólar. De esta manera, define el empobrecimiento de los pueblos en nuestro rico país.

La CTA nace en 1991, “para reinstalar el poder de las y los Trabajadores en la ciudadanía popular”. Podemos desarrollar todo este proceso con cifras, de cómo se redujo el empleo registrado, aumentando los empleados con “contrataciones flexibles y precarias” sumado al incremento de la desocupación en cada ciclo de mayor poder de las clases dominantes. Pero, lo importante es asumir que el camino de la transformación democrática pasa por nuestra propia democratización, de organizaciones de trabajadores y de la ciudadanía popular.

Por ello, la recuperación del poder de los trabajadores en este escenario es reconstruir la formalidad laboral, con organizaciones de trabajadores, más allá de la sola organización sindical.  Se trata de la capacidad de organizar el Trabajo para el Desarrollo de los pueblos y no para la acumulación capitalista de las corporaciones transnacionales, y también, las cipayas del país. Sin fuerza organizada de trabajadores es imposible pensar siquiera en la distribución justa del ingreso; y sin trabajadores organizados produciendo para el desarrollo de los pueblos, es imposible pensar en la distribución de la Riqueza.

Podemos sintetizar, que  con la llegada al gobierno de Lula en Brasil y de Néstor Kirchner en Argentina en el 2003, producto de las luchas populares, estos inician un proceso de democratización, plasmado en el Acuerdo entre ambos, del llamado “Consenso de Buenos Aires” (10/10/2003); que, sumado al presidente Chaves de Venezuela establecieron una Unidad política contra las políticas neoliberales para terminar con el Hambre y la Pobreza. Unidad de acción desde los Estados de los gobiernos populares eran consecuencia de la unidad de los movimientos sociales, sindicales, populares no solo de los tres países sino de todo el continente. Se logró avanzar con UNASUR, en cuanto a la intervención del Estado en la distribución del ingreso; pero, no así en cuanto a la transformación estructural del dominio. Principalmente, sobre la propiedad de los medios de producción y la explotación del Trabajo. Transformar ambas cuestiones, resulta imprescindible para realizar un nuevo Contrato Social, que formalice el trabajo, organizando la Producción para el desarrollo y su distribución federal.

El cambio de estrategia de los EEUU, a partir de su derrota del ALCA, estableciendo la acción permanente, de dominio sobre los Mercados y la violencia destructiva de las organizaciones de trabajadores y populares, con la persecución, en la acción sistemática de “Gestapo” y “Lawfere”, sobre dirigentes y militantes sindicales, políticos, sociales y populares; lograron la división y el debilitamiento de las fuerzas de trabajadores y de la ciudadanía popular. Esto permitió la llegada al gobierno de Macri y su banda de CEOs, al servicio de un nuevo desarme del Estado de Derecho hacia la estructuración de la dependencia colonial.

La recuperación del gobierno, lo hicimos desde la consigna histórica de Unidos o Dominados; pero, esta unidad electoral debe convertirse en Unidad política social por la Soberanía con Justicia Social, tal como lo asumimos en el Documento firmado el 17 de octubre por sindicatos de la CGT (de Moyano y la Corriente Federal) y las dos CTA. Este es el camino a profundizar con proyectos concretos y organización para avanzar en la transformación democrática.

El intento de magnicidio a nuestra compañera Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner significa, tal como lo expresara el 17 de noviembre en el Acto del Día de la militancia, una ruptura del pacto democrático. Porque la única garantía de sostener la dominación, es con la destrucción de todo liderazgo democrático, sea con “Lawfere” judicial  o con la muerte. El ejemplo más claro de este proceso es Bolivia; que, constituyeron el Estado plurinacional, logrando su democratización. Donde, los pueblos elijen hasta sus jueces y sostienen su soberanía territorial, desde la organización comunitaria de los pueblos. Le tuvieron que hacer un golpe de Estado tradicional, cívico militar, con violencia genocida contra el pueblo y con la decisión de ordenar la muerte del entonces presidente Evo Morales.  

Esta realidad, de ofensiva fascista que vivimos, exige una respuesta federal de Unidad movilizada y organizada de los pueblos en Defensa de la vida Democrática, en todo el territorio nacional y latinoamericano. Nuestra respuesta está en el compromiso, político social, que definimos en la Declaración del 10 de octubre, donde asumimos nuestra unidad de acción para:

• Restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía. Asumimos la  articulación de las organizaciones libres del pueblo con las políticas necesarias para imponer la soberanía alimentaria y garantizar a todas las familias argentinas ingresos que le permitan salir de la injusta situación de pobreza, en nuestra Provincia y en el país. Resulta imprescindible un shock distributivo, una actualización urgente y asegurar un ingreso familiar de emergencia. Convocatoria a paritaria, para acordar un plan de estabilización, tanto del ingreso como de la relación laboral.
• Combatir la inflación. Control de precios, para terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas, de los grupos concentrados de la economía; quienes, realizan la remarcación irracional de los precios. El Estado debe intervenir activamente en el mercado mayorista conformando una estructura Federal, articulando con nuestras Cooperativas, Mercados comunitarios y Ferias de productores familiares, campesinas e indígenas, estabilizando el consumo interno.
• Nuestra prioridad política es la Producción y la generación de Trabajo. Sostenemos la necesaria industrialización, de Bienes y servicios, promoviendo la sustitución de importaciones, orientado a fortalecer el mercado interno, sustentado principalmente, en las pymes y cooperativas para el desarrollo de los pueblos. Partir de la “reparación histórica”, para avanzar en la exigencia del pago de la Deuda interna con planificación del Estado. Porque “nosotros no somos Deudores, sino Acreedores de una Deuda histórica, Social, ecológica y Cultural”.
• Requerimos  transformar el sistema financiero. Reclamamos la derogación de la Ley de Entidades financieras, fortalecimiento de la Banca pública y desmontar los mecanismos de especulación para terminar con la fuga de capitales. La soberanía financiera nos exige ponernos en camino hacia multipolaridad con la unidad latinoamericana, con moneda y Banco de nuestro Sur; fortalecer la relación con el BRIC.
• Reforma Tributaria. La Deuda deben pagarla los que la fugaron y la siguen fugando. Nuestro desarrollo depende de la Reforma tributaria integral progresiva, donde los gravámenes sean sobre los sectores de  mayores ingresos. Y además, el financiamiento externo debe ser en el marco de la reparación histórica por la desposesión y expoliación colonial, histórica y actual; terminando, con el saqueo de nuestros Bienes naturales y de nuestra producción alimentaria.
• Terminar con el saqueo. Requerimos la decisión política del control del comercio exterior, comprometiéndonos a la organización popular para bancarla; comenzando por la plena recuperación de la soberanía de la Cuenca del Guaray (del Plata) sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal de Magdalena; pero, sobre todo, necesitamos la Ley de humedales, preservar la biodiversidad de nuestros Esteros del Ibera; y el Acuífero Guaraní.
• Comunicación y Justicia. En lo que respecta  a la urgente necesidad de fortalecer y revalorizar el sistema democrático en nuestro país se hace necesario garantizar el derecho a una comunicación responsable que no actúe como vocero de intereses subalternos y la restauración de un Poder Judicial ecuánime; en tal sentido se debe implementar de manera efectiva la Ley de Medios oportunamente sancionada por el Congreso de la Nación y avanzar en una Reforma Judicial como paso intermedio hacia una Nueva Constitución Nacional.

LA UNIDAD POLITICA SOCIAL ES EL CAMINO PARA LA SOBERANÍA CON JUSTICIA SOCIAL

(*) Secretario General de la CTA Corrientes