El canon liberal, en lo político, se funda en la democracia representativa y en la alternancia en el gobierno, dentro de un orden jerárquico al que llama república, mientras que en lo económico sienta sus bases en el libre mercado y en la intocable propiedad privada.

Estos principios tradicionales nunca son puestos en crisis. La única discusión posible es quién ordena y conduce este complejo institucional y con qué grado de "sensibilidad social".

A mediados del siglo 19, socialistas y liberales sostenían que la democracia era incompatible con la economía capitalista. Karl Marx y John Stuart Mill, por ejemplo, coincidieron en ello, aunque propusieron soluciones antagónicas.

El asunto fue resuelto en la línea del segundo. Los liberales (brazo político-ideológico de la burguesía), consolidaron, durante la segunda mitad del mismo siglo, a los Estados-Nación y a la representación política (vía República o vía Monarquía), bautizando a esta última como “democracia representativa”, con lo que se hicieron cargo de aquella incompatibilidad, pero enmascarándola.

Surge, desde entonces, la realidad de que no hay democracia, sino representación. Es cierto que esta representación puede albergar contenidos democráticos, que pueden ser dominantes, pero eso depende de la organización política que el pueblo lleve al gobierno del Estado. Lo que implica también que puede albergar contenidos oligárquicos y autoritarios, que hasta pueden ser, del mismo modo, dominantes, si el pueblo así lo dispone.

El riesgo es mayúsculo: la representación política ha perdido casi todo su fundamento original, porque hoy la clase dominante ya no es liberal, con su sentido común orientado hacia la libre competencia con el otro. Desde hace años, la clase dominante se ha transformado en fascista, porque su sentido común ha sido reorientado hacia el aislamiento o la eliminación del otro. Y a eso le llaman neoliberalismo.

La inclusión política o el poder popular o la estrategia democrática, como quieran, consisten en impulsar el salto cualitativo de la petición de derechos individuales y sectoriales a la asunción de responsabilidad y poder colectivos por parte del pueblo.

Porque apuesta a que su intervención directa en los procesos de toma de decisión y control de cualquier política pública pueda asignar un contenido social democrático, dejando atrás la fragmentación grupuscular y la desafección colectiva por la cosa pública.

Pero es preciso que esta acción política no se autonomice de la simultánea construcción de un poder instituyente que tenga por objetivo la superación del sistema capitalista. Si no forma parte de un escenario mayor, esta estrategia democrática sólo será una forma de legitimación “por izquierda” del complejo institucional vigente.

La cuestión medular de cualquier organización es quién toma las decisiones y cómo lo hace. Este es el proceso político fundamental de los pueblos. Si estos pueblos no se plantean arrancar de su élite programadora el proceso de toma de decisión y control de las políticas públicas (es decir: trascender la representación, socializar la política), no podrán desequilibrar la fuente de poder político ni las fuentes de poder del complejo institucional en su conjunto.

Estamos hablando de un proyecto político-ideológico (no de una necesidad histórica), como cualquier otro. Todos los proyectos político-ideológicos conocidos siguen transitando las vías de su desarrollo y ninguno ha logrado hasta el momento los resultados que auguran. Por lo tanto, ¿por qué no apostar a otra cosa? ¿sólo porque es desconocida? ¿sólo porque no nos ofrece ninguna seguridad? ¿qué proyecto político-ideológico conocido (y experimentado) nos ofrece alguna seguridad?

Por Carlos A. Sortino (*)

(*) Referente de Compromiso y Participación (COMPA) en Frente de Todos.