Durante el último fin de semana se conocieron las declaraciones que, Marcos Antonio Córdoba, el motorman del tren “chapa 16” el día del accidente en la estación de Once, formulara ante las profesionales del Servicio Penitenciario Federal, a raíz de una medida ordenada por el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2, como consecuencia de una solicitud directa de la propia defensa de Córdoba, en el incidente de libertad condicional al que aspira.

El contenido de sus declaraciones no asombran para nada a esta defensa, atento a que desde nuestra intervención en el segundo juicio de Once, pudimos demostrar sobradamente que el sistema de frenos del tren funcionaba correctamente y que el choque se produce como única consecuencia de la inacción –a título culposo o doloso– del motorman de la formación.

Por ello, resulta sí ahora importante destacar algunos pasajes de su declaración, libre de presiones y “estrategias judiciales direccionadas”, que no hace más que confirmar la manipulación absoluta a la que se ha sometido la prueba en el presente caso, desde el inicio mismo de la investigación y que generó diversas consecuencias posteriores, al punto encontrarse imputado por falso testimonio el perito, Juan Alfredo Brito, a partir del cual se construyó la increíble historia por la que injustamente se llegó a la condena de los imputados en el primer caso de lawfare de la justicia argentina.

En el informe de evaluación interdisciplinaria, las profesionales destacan que se le explicó al comienzo de la evaluación el motivo de la entrevista y Córdoba la “aceptó”, manifestando que “…yo soy responsable de haber anulado el dispositivo del hombre muerto…” y cuando se le preguntó el por qué de esa maniobra, contestó que “…es una costumbre, me enseñaron así… en la práctica”. A medida que avanzó en su declaración, dió más detalles que hoy nos permiten ver con más claridad qué pasó aquella mañana y, a la vez, dimensionar la injusta condena que pesa sobre las personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad.

Así, Córdoba refirió que “…era el conductor el que a medida que iban pasando las estaciones “tenía que calcular el tiempo de frenado” según la formación que le tocaba.”, y que pese a que él anuló el dispositivo, no sabe bien “…por qué no logró frenar en la cabecera “nunca imaginé que algo así podía ocurrir…”. Ratificando todo lo manifestado y eliminando toda posibilidad de error en la interpretación —como pretende sembrar ahora su defensa, a cuyo expreso pedido se realizó el informe interdisciplinario—, a la pregunta sobre si considera justa su detención, expresó que “…no sé si es justo o no, yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir”.

Lo dicho por Córdoba, es coincidente con lo sostenido también recientemente por la querella de Menghini Rey –la más intransigente a la hora de poder ver lo verdaderamente ocurrido aquél día y la que mayor utilización política hizo de la causa— en su oposición a la posibilidad que Marcos Córdoba acceda al arresto domiciliario manifestó expresamente que “…siendo el único responsable del Estrago el procesado MARCOS ANTONIO CÓRDOBA, y puesto que sería un “bochorno” que el conductor del tren pase sus días en su domicilio, justificando cuestiones que no ameritan tal beneficio, por no encontrarse su situación incluida en lo previsto por el Art. 10 del Código Penal de la Nación Argentina, esta parte querellante se opone al beneficio solicitado por la defensa del imputado Marcos Antonio Córdoba…” – el resaltado nos pertenece- [Ver causa CFP 1188/2013/TO1/72/1].

El breve racconto realizado, nos pone ahora ante una calamitosa realidad que ningún sistema judicial, propio de un Estado constitucional de derecho, puede aceptar, la condena de inocentes. Hemos llegado al punto que tanto las defensas desde el inicio de la causa, la totalidad de las querellas y ahora el propio imputado, destacan como único responsables al conductor de la formación del tren, reflejando aún más el armado judicial que existió, la resposabilidad penal de los integrantes de ese poder judicial y la utilización político y mediática de la presente causa en la que no solo se “jugó” con las víctimas y los familiares del accidente, sino también con la vida de un conjunto de personas inocentes a las que se las condenó injustamente.-